Ley de agua: ¿funcionará?

Este año, en pocas semanas, El Salvador habrá de experimentar una nueva lección de irresponsabilidad y negligencia con el recurso natural agua.
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Lluvias pobres y vientos prolongados habrán ayudado a destapar esta olla. Pronto quedará demostrable que esta crisis se deberá a nuestro abuso, mal uso, descuido y maltrato del agua.

Y nuestra negativa de asumir responsabilidades y de tomar las acciones correspondientes.

Por años se viene debatiendo una “ley general de aguas”. Con las lecciones y experiencias traídas desde España, Israel, el noreste de EUA y otros lugares, difícilmente puede ya argumentarse que las razones de que no se implemente una ley adecuada sean de carácter técnico. Y no hay que escrudiñar mucho para ver que los obstáculos son políticos, sumado a la tergiversación del sentido común.

Inútil negar que hay intereses fuertes “ocultos”. Incluyendo los de quienes no quieren reconocer y pagar un valor realista o “verdadero” del agua; un valor que no refleje simplemente el costo de llevarlo del punto de recolecta al punto del usuario, sino que permita asegurar su disponibilidad y calidad, e incluso su recuperación y mejora (por protección y manejo de cuencas y acuíferos de donde provienen, etcétera). Estos intereses van desde unas pocas empresas que no quieren pagar nada hasta los del ciudadano “común y corriente” que no posee conocimiento, voluntad –o ambas cosas– para reconocer y aceptar el verdadero valor del agua, del aire, de bosques y suelos, de las áreas naturales. Sin cuyo manejo y protección pronto no podremos vivir. Es decir, de la gran mayoría de nosotros.

Y existe otra razón medular asociada a lo anterior, siempre política, pero de carácter institucional: No queremos darle dientes al que debe [poder] morder. Se habla ilógicamente de una “entidad autónoma” (¡por supuesto, no “juez y parte”!) que esté dispuesta a autorregularse. Y se trata de evitar a toda costa el reconocer que hay solamente una institución apropiada para ser rectora de este vital recurso: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su nombre lo dice. Así como el recurso forestal debe ser técnicamente regulado por un Servicio Forestal, el agua debe ser objetivamente regulada –por mandato y en forma efectiva– por una oficina de aguas (hidrología) en ese ministerio.

Sin embargo, el Servicio Forestal está en el MAG, y el Servicio de Hidrología ha sido reducido a una oficina “de apoyo” al SNET (Servicio Nacional de Estudios Territoriales) en el MARN. El otrora fuerte Servicio de Conservación y Manejo de Cuencas y de Suelos –vital para lograr un buen manejo del agua– ha sido virtualmente extirpado del GOES.

Debemos resistir y aun rechazar nuevos esfuerzos por mantener al MARN discapacitado para ejercer sus funciones medulares; y esto incluye el ordenamiento territorial y el manejo del agua.

Gastar nuestro escaso dinero en crear otra “autónoma” en lugar de reconocer y fortalecer al MARN su autoridad y función simplemente acelerará nuestro vertiginoso camino hacia la insostenibilidad; donde ya estamos llegando.

Señor presidente, señores diputados y ONG: pedimos de ustedes una verdadera percepción holística de nación, donde prevalezcan los intereses de la totalidad.

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