Leyes para combatir la corrupción

Muchas veces hemos dicho que la corrupción es un mal que puede llegar a quebrantar los cimientos de una sociedad, sobre todo cuando esta se convierte en parte de la vida cotidiana, cuando se desarrolla abiertamente sin causar alarma, cuando cesan los esfuerzos por erradicarla y, en fin, cuando se calla.
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La corrupción es una depravación moral que afecta a toda la sociedad, y cuando esta se traslada al ámbito político, porque los funcionarios hacen uso indebido del poder público para obtener ventajas ilegítimas en perjuicio del interés común, sus consecuencias son aún más perniciosas. La corrupción debe perseguirse y sancionarse con drasticidad, pues transgrede los principios de cualquier democracia

No podemos ignorar que vivimos en un país donde la corrupción, en todos sus ámbitos, ha logrado avanzar gracias a que –antes más que ahora– la ciudadanía ha agachado la cabeza, se ha resignado a la impotencia y ha mostrado conformismo ante situaciones que nunca tuvieron que ser toleradas.

Por eso aceptamos de inmediato la invitación que, en el contexto de ENADE 2016, se nos hizo para participar activamente en la identificación de nuevas leyes y reformas legales como herramientas útiles para viabilizar el combate a la corrupción.

Estamos claros que el cáncer de la corrupción requiere bastante más que la adopción o modificación de cuerpos legales. Más acción y menos leyes dijimos hace unas semanas con relación al problema de la inseguridad. Pero esto no significa que no entendamos que no son pocos los casos en que no contar con un adecuado ordenamiento legal dificulta enormemente combatir contra ese cáncer.

Esta vez se están proponiendo reformas constitucionales y legales que persiguen garantizar la independencia de instituciones tan importantes como la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República. Esto pasa por revisar los perfiles de las personas que pueden optar a estos cargos y por contar con un mecanismo presupuestario que contribuya a una actuación verdaderamente independiente. En el caso de la Fiscalía General de la República esto es una deuda diferida que los mismos negociadores de los Acuerdos de Paz han llegado a reconocer.

También se están proponiendo reformas al Código Procesal Penal, las cuales buscan por sobre todo, que las víctimas de delitos puedan tener acceso directo al Órgano Judicial en aquellos casos en que, por las razones que sean, la Fiscalía General de la República no responda a sus requerimientos o no realice las investigaciones respectivas.

A esto se suman cuatro propuestas relacionadas con la transparencia en el sector público y, por ende, vinculadas a la lucha contra la corrupción. De manera resumida, las propuestas consisten en: a) reglas encaminadas a garantizar la sostenibilidad fiscal; b) sistemas de evaluación social de los proyectos desarrollados por las instituciones públicas; c) impulso del mecanismo de subastas electrónicas en las adquisiciones y contrataciones del Estado; y d) la aprobación de una ley de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.

Todo lo anterior se complementa con la identificación de mecanismos que faciliten la participación ciudadana, que contribuyan a su empoderamiento y que le inviten a ejercer su imprescindible rol fiscalizador. Y es que de nada sirve contar con un adecuado régimen normativo, si la ciudadanía no está dispuesta a hacer uso de las herramientas legales de las que dispone para exigir una adecuada, transparente y proba administración de la cosa pública.

En el CEJ estamos muy complacidos con el hecho de haber participado de este esfuerzo, y reiteramos nuestro ofrecimiento para darle seguimiento al mismo. Exhortamos a que las autoridades de turno, los partidos políticos y otras instituciones públicas y privadas puedan también sumarse en el más corto plazo. Construyamos todos juntos nuestra democracia y luchemos todos juntos contra la corrupción.

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