Licencias para viajes de presidentes

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En nuestra Constitución de 1886 apareció por primera vez la prohibición al presidente de la República de salir del territorio nacional sin licencia del Poder Legislativo, repitiéndose en la de 1939 (art. 107), que agregaba “a menos que lo exijan las necesidades de la guerra; pero en uno u otro caso deberá depositar el mando supremo en la persona que corresponda... excepto cuando salga de visita a un país centroamericano, si la ausencia... no hubiere de exceder de ocho días”; podía viajar por Centroamérica sin licencia, hasta por ocho días, cualquier número de veces.

A partir de la Constitución de 1950 (art. 79), solo estaba la prohibición de salir del país sin licencia de la Asamblea o de la Comisión Permanente, si aquella estuviere en receso; y en la vigente de 1983 (art. 158) solo existe la prohibición de salir del territorio nacional sin licencia de la Asamblea Legislativa. No existe permiso temporal o múltiple como en las Constituciones de 1939 y 1945, debiendo obtenerla en cada ocasión.

La Constitución al regular los casos de muerte, inhabilidad, renuncia, etcétera, del presidente, lógicamente se refiere a la persona que ejerce el cargo presidencial ya que el cargo no muere ni el presidente renuncia, sino la persona que ejerce el cargo, por lo que la prohibición de salir del país se encarna en la persona que ejerce el cargo de presidente; fueron Duarte, Cristiani, Calderón o Funes, los que no podían salir del país sin licencia legislativa y ahora Salvador Sánchez Cerén porque ejerce el cargo de presidente de la República.

Puede obviarse la formalidad de que el presidente se presente a la Asamblea a solicitarlo y bastar una petición por escrito, reservándose el Órgano Legislativo la facultad de pedir detalles del viaje, si es personal, oficial, su objeto, si va a apoyar a Trump, a Disneyland, por salud o vacaciones, para que quede un registro de la licencia y del objeto y duración del viaje.

Cuando desempeñaba el cargo de vicepresidente y viajaba el presidente Calderón Sol, recibía nota del Estado Mayor Presidencial comunicándome la ausencia y que yo estaba encargado de las funciones presidenciales, nada de la Asamblea; habiendo sabido recientemente que la Presidencia emitía un Decreto encargándome las funciones como vicepresidente.

Considero necesario que la Asamblea, como representante del pueblo salvadoreño, por Decreto Legislativo, conceda la licencia al presidente y encomiende al vicepresidente, o designado, ejercer las funciones presidenciales, para otorgarle valor a los actos que ejecute.

Dichas decisiones legislativas deben publicarse en el Diario Oficial, y así se podría controlar el cumplimiento de la disposición constitucional durante los cinco años presidenciales de que en ningún momento exista violación constitucional del presidente por salir del país; y la capacidad del vicepresidente o designado, durante las ausencias, para desempeñar dicho cargo; y poder así, además, determinar si este podrá ser candidato a la Presidencia en el siguiente período, porque constaría en el Diario Oficial si ha “desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior”; y no quedar dependiendo de los archivos de Casa Presidencial, que pueden considerarse reservados o que se destruyeron.

Finalmente de acuerdo con el art. 244 Cn., que establece “la violación de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley”, debe legislarse para todos los casos de violación de las disposiciones constitucionales, y establecer posiblemente un juicio político (voto de censura), con todas las garantías individuales y las derivadas del cargo (incluyendo el Ante Juicio por la Asamblea Legislativa) para sancionar las infracciones a estas y otras disposiciones constitucionales, determinando así cuáles penas no admiten la Autoamnistía.

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