Lo que conviene es que los nuevos equilibrios institucionales se manejen inteligentemente

Por eso, en lo que a las elecciones y a sus resultados se refiere, lo que verdaderamente tiene que verse y valorarse es cómo hacer para que la voluntad popular expresada se haga valer en los hechos concretos. Aquí el comportamiento político de los que ejercen la función pública tiene un rol insustituible.
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Luego de la contundente expresión de la voluntad ciudadana en las urnas el pasado 4 de marzo, y pese a los forcejeos partidarios para llegar a las definiciones finales en el recuento de votos, lo que queda claro es que hay movimientos y cambios en el mapa institucional, tanto en el plano legislativo como en los ámbitos municipales. Aunque los sondeos de opinión realizados antes de los comicios indicaban con bastante claridad que el sentir ciudadano tenía el propósito de mover piezas de cara al inmediato futuro, los números resultantes fueron más allá de las expectativas en clave de reprimenda sin precedentes, sobre todo para el Gobierno y para el partido gobernante, que ahora se hallan compelidos a responder desde adentro sin mostrar señales de que saben cómo hacerlo.

Falta muy poco para que la nueva legislatura se instale formalmente el 1 de mayo, y ya se tendría que estar analizando la forma en que las fuerzas políticas deben moverse en el escenario renovado, teniendo como objetivo principal la buena marcha del país en todos los sentidos. Y paralelamente, ese mismo día tomarán posesión los nuevos concejos municipales, con todo lo que eso significa para las comunidades correspondientes. En otras palabras, estamos iniciando un replanteamiento normal de las relaciones de poder en el terreno, y lo esperable es que esto se analice y se impulse en pro del bien común, que es la brújula democrática por excelencia.

La Asamblea Legislativa es el espacio de decisión colectiva de más alto nivel dentro del sistema, y por eso lo que ahí se presente y se resuelva debe responder al pluralismo en su acepción más responsable y eficiente. Y los entes municipales son los núcleos de activación local, cuyo efectivo desempeño determina que la modernización y el desarrollo puedan llegar a los espacios comunitarios, para que el país pueda desarrollarse en forma congruente con su verdadera realidad.

Lo que los salvadoreños estamos necesitando cada vez con más urgencia es que nuestros representantes en el aparato público dejen de centrarse en sus disputas de origen y de visión, y pongan todos sus empeños y energías al servicio de la población que les da el mandato representativo. Por eso, en lo que a las elecciones y a sus resultados se refiere, lo que verdaderamente tiene que verse y valorarse es cómo hacer para que la voluntad popular expresada se haga valer en los hechos concretos. Aquí el comportamiento político de los que ejercen la función pública tiene un rol insustituible.

Tanto los partidos como los nuevos funcionarios están en el deber inequívoco de mover sus voluntades, sus decisiones y sus acciones conforme al mandato que les ha dado la ciudadanía. Y cuando la coyuntura es tan crucial como la presente eso adquiere un apremio que nadie puede desconocer sin consecuencias. En verdad, nos hallamos ante una oportunidad de alto valor y de alto riesgo, según sea la forma en que se asuma el desafío.

Hay que pasar al plano de los consensos nacionales, y para ello el sano e inteligente desempeño de las estructuras institucionales es vital.

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