Lo que ensucia la imagen del país es la posición del Gobierno ante las ejecuciones extrajudiciales

IDHUCAEl martes 5 de septiembre del presente año, el IDHUCA y el Servicio Social Pasionista estuvimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia temática, para denunciar las ejecuciones extrajudiciales en El Salvador.

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Por parte del Estado dio la respuesta el viceministro de Justicia y Seguridad Pública quien, de forma desafortunada y temeraria, afirmó con relación a los hechos que se estaban denunciando que nos sentimos que ensucian el buen nombre del Estado de El Salvador.

Lo que ensucia el buen nombre del Estado de El Salvador es que se omita la responsabilidad incluso penal de investigar múltiples casos, a veces evidentes, de ejecuciones extrajudiciales.

Ensucia el buen nombre del Estado, la falta de respeto del Gobierno de El Salvador ante la CIDH, cuando en su intervención omitieron que después del Plan El Salvador Seguro se aprobaron y prorrogaron las Medidas Extraordinarias, y se aprobó el Plan Némesis.

Ensucia el buen nombre del Estado que, ante unos hechos de suma gravedad, el ministro de Justicia y Seguridad Pública no comparezca en la audiencia.

Ensucia el buen nombre del Estado que, ante un experto como es el comisionado Cavallaro quien al escuchar el índice de letalidad afirmó con total contundencia que no estábamos ante casos de enfrentamientos, sino de ejecuciones extrajudiciales, el Estado de El Salvador no aceptara culpa alguna y siguiera su retórica más propia de una película de ciencia ficción, que de una audiencia ante la CIDH.

Ensucia el buen nombre del Estado, la política de seguridad pública encaminada a la represión, la falta de prevención y los mensajes beligerantes por parte de altos funcionarios, en definitiva, que la apuesta por parte del Gobierno sean las redadas masivas, detenciones arbitrarias y torturas.

Cualquier forma de violencia no conduce a la paz. Y es por ello que debe condenarse cualquier forma y expresión de violencia, tanto la ejercida por los grupos criminales contra la población civil, como también la que ejercen de forma ilegítima los agentes de seguridad del Estado; también debe rechazarse la violencia o el acoso, el mismo viceministro que presentó la postura del Estado de El Salvador ante la CIDH fue quien días antes se dirigió de una forma machista y denigrante a una periodista cuando se le hizo una pregunta absolutamente pertinente dado el clima de violencia que vive el país.

Esperemos que el Estado de El Salvador rectifique su política. Sin embargo, las esperanzas no son muchas. Un día después de la audiencia, el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública afirmó, según señalan reiterados medios, que los datos y casos presentados ante la CIDH son conjeturas sin ningún fundamento técnico ni una investigación técnica y científica.

La ignorancia es atrevida, y si la misma es de un funcionario público, y en repetidas ocasiones, el mismo debería ser cesado. Los datos presentados son datos oficiales y los casos presentados de forma específica vienen avalados por las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

No hay mejor forma de proteger la institucionalidad y honrar a aquellos policías que a diario hacen bien su trabajo y arriesgan sus vidas para salvaguardar nuestra seguridad, que procesando aquellos elementos que actúan al margen de la ley. Lamentablemente, todo parece indicar que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no se ha tomado la oportuna decisión. El que sigue defendiendo a personas que han cometido actos criminales, se convierte en cómplice. Y si este es un alto funcionario, no está velando por todos y todas las policías que a diario contribuyen a una mejor convivencia y paz en el país.

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