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Lo que no es justificable bajo ningún concepto es que haya instituciones acéfalas por falta de entendimientos políticos básicos

Nuestra vida institucional tiene que normalizarse en todos los órdenes, y los primeros llamados a dar el ejemplo de la normalidad son los principales representantes del pueblo en el gobierno.
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Prácticamente desde los primeros tiempos de la posguerra se comenzó a presentar el fenómeno injustificable de la falta de respeto a los plazos legales para elegir, en elecciones de segundo grado en el seno de la Asamblea Legislativa, a los sustitutos de aquellos funcionarios que han cumplido su período. Este fenómeno no es casual, porque está vinculado de manera directa con las crónicas dificultades de entendimiento entre fuerzas partidarias, muy en especial aquéllas que tienen ya por tradición el número mayor de representantes en el cuerpo legislativo, que son desde que inició la posguerra ARENA y el FMLN. Aunque no tenemos un bipartidismo formal como el que existe en otros países democráticos, lo cierto es que en los hechos se presenta un bipartidismo implícito, ya que ninguna de las grandes decisiones puede tomarse sin que los dos partidos mayores pongan sus voluntades en juego.

En todos los sentidos es clave que las distintas fuerzas políticas cuenten con mecanismos de entendimiento básico razonable para poder darles respuestas oportunas y eficaces a los distintos retos de la gobernabilidad. Hay que tener presente que ésta no es simplemente el ir moviendo piezas al vaivén de las circunstancias, conforme a los intereses que cada quien se proponga imponer en momentos determinados: una verdadera gobernabilidad lo que hace es mover todo el aparato institucional en forma ordenada, oportuna y consecuente hacia la consecución de los grandes objetivos nacionales. Es lo que en el país no hemos tenido hasta la fecha, y por eso es que no ha habido progreso en la forma y en la dinámica debidas.

Una de las áreas en que viene manifestándose ya sistemáticamente la falta de voluntades concertadas a tiempo es el área de las elecciones de segundo grado en la Asamblea Legislativa. Y la falta de respeto a los plazos legales tiende a pasar inadvertida, como si fuera una cuestión trivial. En estos días, el caso más notorio e injustificable al respecto es el que se refiere a la elección de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, retraso que está cerca de cumplir un año. Y es que en este punto lo que más dificulta las cosas lo constituye sin duda la perspectiva de elección de los cinco Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que toca renovar en 2018, cuatro de ellos miembros de la Sala de lo Constitucional, justamente los cuatro más discutidos y cuestionados por diversas resoluciones emitidas desde 2009. Y si por ello cuesta tanto completar el CNJ que propondrá la mitad de los candidatos a Magistrados, ya es imaginable lo dificultoso que resultará elegir a los Magistrados cuando llegue el momento.

En todo caso, hay que insistir metódicamente en el imperativo de que las instituciones no queden acéfalas ni siquiera por un día por falta de los acuerdos partidarios que el esquema democrático determina. Si se sigue en la línea de darles largas a las decisiones estructurales correspondientes llegará momento en que los atascamientos por falta de funcionalidad harán verdadera mella en el desempeño de la gestión pública, que ya a estas alturas está bastante quebrantada por causas diversas de irresponsabilidad.

Nuestra vida institucional tiene que normalizarse en todos los órdenes, y los primeros llamados a dar el ejemplo de la normalidad son los principales representantes del pueblo en el gobierno. Esta es una cuestión vital para que el país recupere efectivamente todos sus impulsos renovadores.

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