Lo que se debe asegurar es que el Estado de Derecho responda como debe ser en todo sentido y circunstancia

Si el Estado de Derecho no funciona como lo requiere la democracia verdaderamente en acción, por imperfecta que aún sea, no hay forma de asegurar el buen desempeño de la dinámica nacional en todos sus órdenes.
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Lo que se debe asegurar es que el Estado de Derecho responda como debe ser en todo sentido y circunstancia

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Desde que se inició la posguerra salvadoreña, luego de la suscripción del Acuerdo de Paz y su inmediato cumplimiento en el terreno militar, hemos venido sosteniendo que la realidad en que nos movemos es un conjunto de transiciones. Como se sabe en términos existenciales, aplicables tanto a los individuos como a las sociedades, la vida es una perpetua transición; pero hay momentos históricos en que eso se evidencia con características excepcionales. Es lo que pasa en nuestro país, luego de haber llegado al máximo desgarramiento que es la guerra interna y poder pasar a una nueva etapa, con todas las lecciones a cuestas.

Las transiciones en las que estamos embarcados, de seguro con muy escasa conciencia sobre ello, son de distinta naturaleza. Luego de la transición de la guerra a la posguerra, que se resolvió de manera “impecable”, como reconoció en su momento la ONU, hay otras 5 transiciones en marcha, con distintos ritmos y con distintos resultados de recorrido: la transición política, de un modelo autoritario a un modelo democrático; la transición jurídica, de un esquema de arbitrariedad a un Estado de Derecho; la transición económica, de un sistema de exclusión a un sistema de participación; la transición socioestructural, de una sociedad dividida a una sociedad integrada; y la transición psicosocial, del predominio del rechazo al ejercicio de la pertenencia.

Pongámosle atención a la transición en el orden jurídico. Los salvadoreños vivimos tradicionalmente expuestos a múltiples formas de arbitrariedad, comenzando por la más peligrosa y dañina de todas: la arbitrariedad del poder. Eso era propio del régimen autoritario que por tanto tiempo prevaleció en el ambiente, hasta el punto de llegar a ser considerada la conducta arbitraria como una especie de perversa segunda naturaleza del ser nacional. Al colapsar el régimen autoritario formal, cuando ya las condiciones para pasar al conflicto bélico en el terreno estaban dadas, allá a fines de los años 70 del pasado siglo, emergió la democracia como alternativa insoslayable, y ahí empezó a iniciar su larga marcha la configuración del Estado de Derecho en el país, que aún se halla en fase constructiva.

El Estado de Derecho implica, por supuesto, el imperio de la legalidad sobre todas las formas de arbitrariedad, sean cuales fueren los disfraces o antifaces que asuman. Por lo que hemos evidenciado en el transcurso de la posguerra, la colección de disfraces y de antifaces parece inagotable, aunque también hay que decir que a la arbitrariedad y a la impunidad, que es su hermana gemela, se les hace cada vez más difícil salirse tranquilamente con las suyas.

Hay que entender sin reservas de ninguna índole que el Estado de Derecho, como tal, no puede ser manejado con medias tintas ni con interesadas complacencias a favor de grupos específicos de la sociedad, y menos aún cuando se trata de organizaciones que actúan abiertamente al margen de la ley. Ahora mismo estamos viendo cómo agrupaciones de este tipo, que mantienen a la sociedad en constante zozobra, buscan ampararse en la legalidad sin perder su condición ilegal. Esto tiene que ser tratado, desde las estructuras de la autoridad, con el compromiso máximo de actuación responsable. Cuando la autoridad vacila o se deja neutralizar por cualquier vía o con cualquier propósito, es el Estado de Derecho el que paga la totalidad de la factura, lo cual inevitablemente acaba siendo puesto a la cuenta de la desgracia social. Esto se ha visto aquí y en todas partes. En ningún caso y bajo ningún concepto puede ser usada la ley como moneda de cambio. Pero nada de esto debe ser considerado impedimento para tratar problemas como la delincuencia conforme a su propia naturaleza, que es eminentemente social.

Habría que reconocer que, por encima de los diversos obstáculos que va encontrando en su camino de perfeccionamiento progresivo, el Estado de Derecho gana sustento y visibilidad en los distintos ámbitos nacionales. Esto va directamente vinculado por el imperativo de transparencia y con la lucha contra la corrupción. En ambos sentidos falta mucho por hacer, mucho por recomponer y mucho por garantizar; pero hay buenas expectativas, en primer lugar porque la ciudadanía se va volviendo cada vez más exigente y demandante.

Si el Estado de Derecho no funciona como lo requiere la democracia verdaderamente en acción, por imperfecta que aún sea, no hay forma de asegurar el buen desempeño de la dinámica nacional en todos sus órdenes. Es indispensable que todos –individuos, sociedad e institucionalidad—tomemos debida conciencia de ello. Conciencia y compromiso.

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