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Sandra de Barraza - Columnista de  LA PRENSA GRÁFICA

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Aceleradamente nos acercamos a la fecha de las elecciones. Estamos no más que a tres semanas de ejercer el derecho y el deber del sufragio, y estamos con la sensación de vaguedad en las propuestas que, desde el Órgano Ejecutivo, deberían contribuir a cambiar la sensación que prevalece en la ciudadanía sobre el rumbo de país.

Hemos presenciado cuatro intervenciones de los candidatos. Los temas abordados responden a los principales problemas del país, el crecimiento económico, la seguridad ciudadana, la educación, la salud, las pensiones y la institucionalidad. Las intervenciones han contribuido a ampliar el diagnóstico sobre la situación. Sin embargo, no se ha logrado identificar medidas concretas, diferenciarlas y mucho menos evaluar la viabilidad de cada una.

Es probable que lleguemos a las urnas con la sensación de haber ampliado y hasta profundizado el diagnóstico social, económico e institucional del país, pero sin capacidad de evaluar la factibilidad de lo que se espera en 60 meses de nuevo gobierno. El desarrollo requiere inversiones millonarias y muchos sacrificios, pero los compromisos son reorientación del gasto, no más impuestos ni endeudamiento y procurar menos evasión y elusión. ¿Es suficiente?

Hay que hacer crecer la economía. Nadie puede estar en contra de semejante planteamiento, pero la estructura de la base productiva no se modifica. No hay más ni mejores empresas. No hay más ni mejores empleos y esto es lo que la gente resiente. Los partidos políticos ofrecen la creación de miles de empleos decentes. ¿En qué actividades? ¿Con qué requerimientos? ¿En dónde? ¿Con qué incentivos? ¿Con qué compromisos?

No se ha crecido lo que se espera. Las empresas medianas y grandes se mantienen a pesar de la incertidumbre y poca transparencia que el gobierno ha demostrado. No deben tener privilegios. Cierto. Deben competir nacional e internacionalmente. Cierto. Deben tener certeza y confianza en la transparencia y eficacia de la institucionalidad. Cierto. Son pocas las grandes y medianas empresas y están concentradas territorialmente. Pero... generan miles de empleos decentes. Las micro y pequeñas empresas son miles, están en todas partes, pero la mayoría son fuente de autoempleo y de sobrevivencia. Necesitan apoyo. Cierto. Necesitan incentivos. Cierto.

No todas son iguales ni requieren de lo mismo. El tamaño y la actividad económica y la orientación del mercado tienen exigencias diferentes. ¿Se tendrá de una vez por todas política industrial? Hay una plataforma construida con la Ley de Fomento a la Producción decretada en 2011 con el objeto de "promover viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de empresas en mercado nacional e internacional para generar empleos dignos y desarrollo". Y hay un Sistema Integral de Fomento a la Producción Empresarial bajo la conducción y coordinación del MINEC, con participación de 9 instituciones del sector público y 4 del sector privado. ¿Qué han logrado?

En 2014 se decretó la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo de la MYPE, con un organismo rector y un ejecutor responsables de promover la asociatividad empresarial y gremial, la normalización, el desarrollo de proveedores y encadenamientos, las exportaciones y más. ¿Sirven estas leyes para la calidad, innovación, productividad, la tecnología y el desarrollo competitivo de las empresas?

La sopa de letras es amplia. ¿Qué harán con CORSAIN, con INSAFOCOOP, con el ISTA, con el CONSAA y con el CNC? Las leyes abundantes y todos están obligados a cumplirlas. ¿Qué harán con tanta ley que obstaculiza el emprendimiento y la empresarialidad? ¿Qué harán para comprometer a la burocracia con el desarrollo y la internacionalización de la producción?

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