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A los tomadores de decisión poco les importa la capacidad y el mérito profesional. Pesa más el amiguismo, el compadrazgo y el clientelismo político partidario.
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La DIGESTYC registra una población de 5.8 millones de habitantes (2007), con el 63 % concentrado en el área urbana. La información es científica aunque los diputados no querían tomarla en serio hasta no verla publicada en el Diario Oficial. ¡Nunca antes se ha hecho semejante cosa!

La Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado tiene registrado un total de 167,534 servidores públicos. Están contratados en el gobierno central el 73 %, en instituciones descentralizadas el 24 % y en empresas públicas el 3 %. ¿Cuántos habitantes hay por cada servidor público? No se puede dar la respuesta exacta porque falta la información de los gobiernos municipales. Pero con esta aclaración y suponiendo que están registrados todos los contratos, falta una simple división.

¡Hay al menos 35 habitantes por cada servidor público contratado en el gobierno central, en instituciones descentralizadas o en empresas públicas! La relación no es mala. Seguramente al incluir a los servidores públicos de las municipalidades, la relación podría bajar a 30 habitantes por cada servidor público. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Difícil valorar porque no se tiene información sobre estructura, distribución sectorial, especialización y experiencia para emitir opinión. Sin riesgo a equivocarse, la gran mayoría está en San Salvador.

Casi ocho de cada 10 contratados están con la modalidad de ley de salarios, es decir, tienen un sistema que les da estabilidad en el cargo porque tienen funciones de carácter permanente. Casi dos de cada 10 prestan sus servicios profesionales en el sistema de contratos, es decir, tienen funciones que son de carácter temporal, aunque con las modificaciones que hizo la Asamblea cuando se dio la alternabilidad en el Gobierno parece que ya no hay diferencias. Los empleados por jornal son pocos y todos trabajan en empresas públicas.

¿Dónde está la mayor parte de contratados por ley de salarios? Casi ocho de cada 10 están el gobierno central y dos de cada 10 en instituciones descentralizadas. ¿Dónde está la mayor parte de los incorporados en contratos? Uno de cada 10 está en empresas públicas, cuatro en instituciones descentralizadas y casi cinco en el gobierno central.

¿Y qué se tiene para su administración? Desde 1961 se cuenta con una Ley de Servicio Civil que tiene 160 artículos y dentro de los cuales se establecen los requisitos y procedimiento de ingreso, los derechos y las prohibiciones, los deberes y las sanciones y también las estructuras orgánicas responsables. La ley tiene 52 años. ¿Se cumple?

Si la respuesta fuera positiva, en la administración pública estarían contratados 167,534 servidores que demostraron su idoneidad, compitieron con al menos dos personas y demostraron sus competencias en un período de prueba de tres meses. Si la ley se cumpliera, la administración pública se caracterizaría por tener personal calificado en toda la estructura organizativa porque su contrato, su desempeño y sus resultados de trabajo se evaluarían sin sesgo político partidario.

Hay evidencias para afirmar que todo esto no se cumple. A los tomadores de decisión poco les importa la capacidad y el mérito profesional. Pesa más el amiguismo, el compadrazgo y el clientelismo político partidario. Y con esto, nadie asegura que los servidores públicos tengan las competencias ni la inteligencia emocional necesaria para cumplir con el mandato de la Constitución de la República.

Esta situación explica el esfuerzo que se ha hecho para elaborar la Ley de la Función Pública, con apoyo técnico y financiero internacional y con compromisos políticos nacionales especialmente con la meta n.º 6 del Asocio para el Crecimiento. Este instrumento tiene 293 artículos (133 más que la Ley de Servicio Civil) y establece las bases jurídicas e institucionales para que la población salvadoreña cuente con el funcionario y servidor público que se merece.

¿Qué se merece la gente? Y ¿qué debe exigir la gente? La población se merece y debe exigir a todos los servidores públicos en todos los niveles y sectores actitud y disposición de servicio; conocimientos, capacidades y competencias particulares a su función; y, sobre todo, capacidad de actualización profesional para adaptarse con inteligencia emocional y creatividad a las exigencias de los ciudadanos en un mercado laboral dinámico y en continua evolución.

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