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Los 420 millones de pesos...

El TSE multó a los partidos políticos por no divulgar el nombre de sus donantes ni las cantidades que recibieron en la última elección.
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En total, los partidos FMLN, ARENA, GANA, PCN y PDC deberán pagar $25,671 de los Estados Unidos de América, distribuidos en montos diferentes en función del tipo de infracción que cada uno cometió.

Si nos enfocamos en lo positivo, adquiere relevancia el hecho que la sociedad civil organizada, representada en esta ocasión por Acción Ciudadana, haya impulsado un proceso ante la autoridad electoral para obtener la información sobre las finanzas recibidas por los institutos políticos en la campaña legislativa y de alcaldes de 2015.

La Ley de Partidos Políticos, en cumplimiento de una resolución de la Sala de lo Constitucional, ordena revelar esas cifras y sus fuentes para que todo el que la requiera pueda acceder a ella. El control del dinero en la política persigue, entre otras finalidades, evitar tanto el ingreso de dinero ilícito a las campañas como el establecimiento de conflictos de interés entre los candidatos que ganan los cargos y aquellos que los patrocinan.

Si coinciden los financistas de los funcionarios electos con quienes después son beneficiados con la adjudicación de contratos millonarios, hay una “sospecha razonable” que podría desnudar un acto de corrupción. A esa conclusión se llega después de un análisis exhaustivo, sin sesgo ideológico, para confirmar que quien ganó la licitación de la alcaldía, del ministerio o de la institución autónoma lo hizo cumpliendo a cabalidad los requisitos exigidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

El otro impacto provechoso fue la actuación del TSE que por primera vez impuso sanciones a las organizaciones políticas porque no entregaron la cuantía de lo recaudado y la identidad de los donantes, lo hicieron fuera del plazo o de manera inacabada, esto es, omitiendo algunos datos. Aunque insignificante, lo cierto es que multar a los partidos por su falta de diligencia es un buen precedente.

Como consecuencia del proceso electoral celebrado en México el pasado 5 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), detectó infracciones que en conjunto sumaron más de 420 millones de pesos mexicanos, equivalentes a un aproximado de $23 millones. El consejero Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE), responsable del SIF en el INE, señaló que el 27 % del total de esa multa, que asciende a 113 millones de pesos, fue por gastos no reportados, es decir, por el ocultamiento de recursos usados en el proselitismo. En México también se sanciona no informar sobre la contratación de publicidad en Facebook. Una centena de candidatos pagó por “potenciar los mensajes de sus muros invirtiendo un millón 331 mil dólares, unos 24 millones de pesos”.

No obstante el castigo decretado, el INE reconoce que los partidos documentaron ingresos por 1,500 millones de pesos y gastos por 1,512 millones. Murayama destaca que los institutos políticos “dijeron con claridad de dónde obtuvieron 1,500 millones y dónde y cómo los gastaron. Esa es su obligación de fondo en materia de fiscalización y la cumplieron”.

Ni en México ni en El Salvador y seguramente en ningún otro país, el examen de las finanzas de candidatos y partidos pretende apartarlos de la política. Al contrario, el uso transparente del dinero y el adecuado cumplimiento de la ley les asegura a las organizaciones partidarias larga vida en el sistema de representación. Para alcanzar ese objetivo en el caso salvadoreño deben revisarse con urgencia las facultades de fiscalización del TSE y el monto de las multas.

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