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Los ataques a la independencia judicial en la mira internacional

En un lapso de tiempo de casi diez días en el presente mes de octubre, altos funcionarios de organismos internacionales como la ONU y la OEA
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En un lapso de tiempo de casi diez días en el presente mes de octubre, altos funcionarios de organismos internacionales como la ONU y la OEA, que promueven el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias, han hecho llamados de atención expresando su preocupación por los ataques en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Dichas voces internacionales oportunamente vienen a sumarse a las exhortaciones vehementes que han expresado respetables juristas, centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil, para que cesen dichos reprochables ataques.

Anteriormente he expresado que la actual Sala de lo Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución que es, se ha caracterizado por su independencia y ha tenido un rol clave en el goce y defensa de los derechos fundamentales, así como para limitar los abusos de poder. Ha permitido que existan frenos y contrapesos en el Estado, lo cual es uno de los postulados elementales de todo régimen democrático. Lo anterior no significa que en algunos casos se disienta y no se compartan los criterios argumentativos de las resoluciones de la Sala; sin embargo, lo que es inaceptable en una democracia es precisamente atacar su independencia judicial al grado de querer anularla, solo porque a los gobernantes y a otros actores no les gustan o les perjudiquen sus fallos.

Uno de los llamados de atención lo hizo la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Mónica Pinto, el pasado 13 de octubre, quien expresó su profunda preocupación por la tensión entre el Gobierno, ciertos sectores de la sociedad salvadoreña y la Sala de lo Constitucional; así como que los bloqueos realizados a magistrados (los cuales fueron cuatro) ponen en riesgo la seguridad y la integridad física de los mismos, y que constituyen un ataque inaceptable en contra de la independencia judicial. Señaló que los pronunciamientos de funcionarios al más alto nivel contra la Sala se consideran actos de intimidación; y que el respeto por la independencia de los magistrados y sus decisiones es un principio imprescindible en una democracia.

En casi 4 años, es la segunda vez que la Relatoría se pronuncia por los ataques a la Sala de lo Constitucional, pues en noviembre de 2012, la entonces Relatora, Gabriela Knaul, en su reporte señaló que las decisiones de las autoridades judiciales debían cumplirse, y que la crisis institucional entre la Sala y la Asamblea Legislativa amenazaba con socavar la independencia del Poder Judicial y el principio de separación de poderes. Hay que recordar que dicha crisis se dio cuando de forma inconstitucional se acudió a la Corte Centroamericana de Justicia para pretender no cumplir un fallo de la Sala, entre distintas acciones desafortunadas.

El otro llamado de atención lo hace el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 21 de octubre, quien manifestó que debe ponerse fin a las presiones y ataques verbales contra la CSJ, así como al fiscal general, lo que calificó como una seria amenaza a la independencia de poderes; asimismo, llamó a los líderes políticos a no alentar protestas que pongan en riesgo la independencia de poderes y la estabilidad del país.

Ojalá que los llamados de atención de la Relatoría y del secretario general de la OEA sirvan para que se reflexione y de forma definitiva cesen los ataques sistemáticos contra la Sala de lo Constitucional, ya que deterioran el Estado de derecho, dañan la imagen del país y ponen en entredicho la vocación democrática de muchos actores políticos.

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