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Los atropellos gubernamentales al orden constitucional deben ser contrarrestados para impedir que la ilegalidad se apodere del ambiente

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Desde el comienzo de la actual gestión gubernamental hemos visto crecer la tendencia a pasar por encima de las disposiciones fundamentales del sistema constitucional en función de imponer las decisiones del Gobernante de turno, en un ejercicio de arbitrariedad que no tiene precedentes de igual envergadura en el pasado reciente. Esto viene creando una atmósfera nacional crecientemente conflictiva, que complica cada vez más la compleja situación en la que nos hallamos inmersos. La actitud de choque que se manifiesta en el Ejecutivo contra lo que disponen tanto la Asamblea Legislativa como la Sala de lo Constitucional se ha vuelto una práctica constante, que no sólo trastorna los dinamismos democráticos que tanto ha costado poner en vigencia sino que impide lograr un avance efectivo  de esa nueva normalidad que el país tanto necesita para ir saliendo adelante.

Es claro que el Ejecutivo en ningún momento ha tenido una estrategia clara y definida para enfrentar la crisis actual, y eso ha hecho que la improvisación se imponga, en detrimento de los derechos ciudadanos y en función de los caprichos del momento. Para el caso, la serie de cuarentenas fueron producto de decisiones en las que el análisis de la realidad tuvo muy poco que ver, y ahora las reaperturas están siguiendo la misma línea. Nada de esto es sostenible, y por eso vemos que la inseguridad y la incertidumbre van al alza, a merced de los caprichos del momento, que en verdad son atentados contra los derechos y las expectativas de una población que no sólo merece más responsabilidad por parte de los que la gobiernan sino que reclama mayor seriedad y madurez en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Y en tanto estas líneas erradas no se corrijan el país seguirá yendo a la deriva, con todo lo que eso significa de deterioro de condiciones y de pérdida de oportunidades.

El irrespeto fragrante de parte de la Presidencia de la República a las decisiones de la Sala de lo Constitucional es algo verdaderamente insólito, que viene a quebrantar la normalidad básica del sistema, y que fue impensable hasta este momento. ¿Qué se propone el Ejecutivo? ¿Imponer un orden arbitrario por encima del orden legal? En el país hay normas y esquemas, que no están al capricho de nadie y que deben ser estrictamente respetados por todos. Permitir que esto se vulnere impunemente es abrirle los espacios al desorden y al descontrol más peligrosos. Las instituciones deben hacer cuerpo para impedir que estas irregularidades continúen presentándose, y disponerse a tomar las medidas que las circunstancias hagan necesarias, comenzando por las denuncias, los rechazos y las acciones sancionatorias correspondientes.

El ejemplo más reciente de desacato a una decisión de la Sala es el mantenimiento de la exigencia de exigir examen de coronavirus que dé negativo para poder ingresar al país. Ya la Sala tomó su decisión de que eso es atentatorio contra los derechos ciudadanos, y el Ejecutivo lo mantiene a rajatabla. Estas son las arbitrariedades que hay que corregir con la ley en la mano, para que podamos afirmar con credibilidad que nos movemos en un Estado de Derecho. De lo contrario nos iremos hundiendo una vez más en la arbitrariedad tan nociva que nos ha  conducido a tantos quebrantos evitables. Y eso de ninguna manera hay que permitirlo: la institucionalidad y la ciudadanía tienen que cerrar filas para no haya más abusos ni distorsiones al respecto.

Y lo más importante es que prevalezca, en todo sentido, el respeto a la legalidad, al orden público y al bien común, a fin de que ninguna voluntad particular pueda imponerse por encima del interés ciudadano.

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