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Los ciudadanos ante ataques a la Fiscalía

En los últimos años, los salvadoreños nos hemos acostumbrado a tener instituciones tibias en el ejercicio de las labores que constitucional y legalmente les corresponden.
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 Para el caso, recientes investigaciones señalan que varios jueces de la Corte de Cuentas de la República no cumplieron con sus obligaciones y dejaron prescribir casos de multas millonarias a favor del Estado.

Y según lo recientemente declarado por el fiscal general de la República, durante la administración anterior se habría incurrido en omisión del deber de investigación de los casos que se les denunciaban, y hasta se ha señalado que se podrían haber fabricado pruebas en algunos casos. Una investigación técnica y profesional es completamente necesaria para esclarecer tales señalamientos.

La Fiscalía General de la República ha sido duramente criticada desde hace muchos años; la ciudadanía ha venido exigiendo resultados concretos en sus investigaciones y acusaciones. Sin embargo, en los últimos meses ha sorprendido el actuar del fiscal general y su equipo, brindando luces sobre la posibilidad de investigar hechos que involucran a exfuncionarios, empresarios y organizaciones criminales.

Todos estos años hemos asumido que lo normal es que ciertas élites políticas o empresariales sean inmunes a las investigaciones penales por parte de la Fiscalía. Y, en el más radical de los casos, asumimos que esa inmunidad solo puede trastocarse cuando los miembros de esas élites han perdido su influencia en el poder estatal.

Nos hemos ido acostumbrando a la anormalidad. Pero los acontecimientos de las últimas semanas parecen indicar que, así como algo comenzó a ocurrir en la Sala de lo Constitucional a partir de 2009, ahora algo podría está cambiando en la Fiscalía General de la República.

El hecho de que una autoridad ejerciera su función debió haber sido algo normal. Pero estábamos acostumbrados a que el Órgano Legislativo, y particularmente el Ejecutivo, se entrometieran en el desempeño de otras instituciones como la Sala de lo Constitucional o la Fiscalía General.

En el caso de la Sala de lo Constitucional, la normalidad en el país era que el control de constitucionalidad, salvo en algunas excepciones, fuera una herramienta tibia y dócil frente a la Asamblea y el presidente. Ahora los ciudadanos asumimos como normal que la Sala controle de manera efectiva a los demás órganos del Estado. En ese aspecto hemos madurado como país. Pero nuestra inmadurez persiste en otras áreas.

Ha impactado significativamente que en una investigación por corrupción y peculado, la Fiscalía allanara viviendas y oficinas de un expresidente, y de miembros de su círculo cercano. Igual ha sorprendido que, en el marco de una investigación por falsedad ideológica, se detuviera a un ex fiscal general de la República. No estamos acostumbrados a que eso ocurra.

Parece que la Fiscalía ha decidido ejercer sus funciones constitucionales de manera plena. Por ello debemos voltear hacia nuestra reciente historia para proyectar qué puede venir por delante. Cuando la Sala de lo Constitucional decidió tomarse en serio su trabajo, la reacción fue un ataque desde otros órganos del Estado. Ahora que parece que la Fiscalía intenta hacer lo propio, es previsible que esta se enfrente a amenazas similares.

Por ello es necesario que los ciudadanos asumamos el rol que nos corresponde. Debemos estar alertas ante las reacciones que puedan venir contra la Fiscalía desde los otros órganos del Estado o de grupos de poder, y si es el caso, organizarnos rápida y efectivamente para defender la institución. Esto por supuesto no significa que libremos un aval en blanco a la actual administración de la Fiscalía.

En nuestro mismo rol de ciudadanos, sabremos exigir que sus actuaciones se mantengan con estricto apego a la ley y que sus investigaciones no vulneren derechos consagrados en nuestra Constitución.

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