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Los ciudadanos deben recordar su compromiso contra el covid

Dejar toda la responsabilidad al gobierno es irresponsable. La ciudadanía debe asumir sus obligaciones, que van más allá de vacunarse. Los muchos inconvenientes que desató el encierro, la limitación de la circulación y de otros derechos constitucionales, los atropellos y abusos de poder registrados durante los horarios restringidos, la angustia de los centros de contención, todo aquel trauma debe servir de reflexión para que las salvadoreñas y los salvadoreños entiendan que atenuar esta tercera ola de contagios no depende del Estado.

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No hay salvadoreño que lo ignore, la pandemia arrecia pese al plan de vacunación en que el gobierno se concentró desde hace varios meses. Una combinación de factores, entre ellos la circulación de cepas más contagiosas del virus, ha tenido que ver con este repunte, mismo que se sufre en muchos otros países en este trimestre final del año.

Nadie cuenta con la fórmula infalible para enfrentar la pandemia a casi dos años de los primeros casos en Wuhan: en Madrid, con 7 de cada 10 ciudadanos con su vacunación completa, ya no hay restricciones excepto el mandatorio uso de la mascarilla en exteriores; igual ocurre en Buenos Aires, mientras que en otras urbes, por ejemplo el Distrito Federal mexicano, la liberalización de medidas es relativa toda vez que es uno de los 22 estados con amarillo en el semáforo de covid-19.

En El Salvador, se le ha apostado a la vacunación, a través de un heterogéneo abanico de tácticas y estrategias que incluyeron desde hace algunos días la modalidad domiciliar. Aunque el monopolio de la información ejercido por el Ministerio de Salud impide establecer cuánto se ha invertido en vacunas, lo cierto es que el ritmo de ese proceso ha sido fundamental para modular la letalidad de la pandemia.

Pero en el largo plazo, revisando el comportamiento del coronavirus en el país, la mortalidad por covid-19 ha sido por oleadas; así, aunque la última semana haya supuesto superar los 100 fallecimientos, las estadísticas han actuado del mismo modo que ocurrió entre julio y septiembre de 2020, y entre noviembre del año pasado y marzo de 2021. La primera ola puede entenderse como la del fin del encierro, la segunda como el periodo vacacional y el regreso a clases en modo semipresencial, y esta última atiende a que no hay ninguna restricción de ninguna índole en el territorio.

Las autoridades consideraron que la velocidad del plan de vacunación equilibraría la situación sanitaria versus la tasa de contagios; el objetivo obviamente era y es reducir la letalidad. Pero en definitiva, variables que la falta de información impiden precisar con exhaustividad le han puesto el reto cuesta arriba. Que se permita la organización de eventos masivos, que no haya ninguna restricción a las actividades de ocio y entretenimiento y que medidas fundamentales como el distanciamiento social y el uso de la mascarilla se hayan relajado en lo cotidiano, por ejemplo en el transporte público, no ha sido de ninguna utilidad.

Dejar toda la responsabilidad al gobierno es irresponsable. La ciudadanía debe asumir sus obligaciones, que van más allá de vacunarse. Los muchos inconvenientes que desató el encierro, la limitación de la circulación y de otros derechos constitucionales, los atropellos y abusos de poder registrados durante los horarios restringidos, la angustia de los centros de contención, todo aquel trauma debe servir de reflexión para que las salvadoreñas y los salvadoreños entiendan que atenuar esta tercera ola de contagios no depende del Estado.

Lo único que el Estado puede hacer es perseguir una contención de la letalidad a costas de la movilidad ciudadana, así como garantizar que todo aquel interesado en dos y hasta tres dosis de la vacuna pueda acceder a ella sin pagar nada. Pero la llave contra el contagio la tienen los que circulan diariamente en buses, calles, pasarelas, centros comerciales, iglesias y oficinas. Ante la cercanía de un nuevo periodo vacacional, todavía cabe invocar la conciencia de los ciudadanos.

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