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Los ciudadanos y el fisco

Desde hace varios años la Sala de lo Constitucional ha desarrollado la jurisprudencia constitucional tributaria a través de varios amparos e inconstitucionalidades relacionadas con tasas e impuestos municipales, impuestos y contribuciones especiales de alcance nacional.
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Por mencionar algunos, destacamos los procesos en que se analizó la constitucionalidad de la contribución especial del FONAT, la modalidad de pago del impuesto sobre la renta al 1 % sobre los activos, y el impuesto específico a las llamadas telefónicas provenientes del exterior.

En noviembre del año pasado la Asamblea Legislativa aprobó dos nuevos tributos: la contribución especial a los grandes contribuyentes, y la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia. Varios ciudadanos presentaron demandas de inconstitucionalidad contra esos tributos, algunas fueron declaradas improcedentes, y otras aún no tienen resolución respecto a su admisibilidad.

Pero la noticia mas reciente sobre jurisprudencia constitucional tributaria se dio a partir de la decisión del presidente de la República de incorporar un cargo del 13 % en la estructura de costos del precio de la energía eléctrica. Este se denominó “cargo para inversión social”.

La información fue divulgada por los medios de comunicación, y de inmediato un ciudadano presentó la demanda de inconstitucionalidad.

Uno de los argumentos del demandante, y que deberá revisar la Sala de lo Constitucional en la sentencia, consiste en verificar si ese “cargo para inversión social” es o no un impuesto. Nosotros pensamos que sí lo es, sobre todo porque se habría violado el principio de reserva legal en materia impositiva, lo cual se traduce en que solo la Asamblea Legislativa puede crear impuestos; y no lo puede hacer ni el presidente de la República, ni ninguna otra autoridad.

En el caso que comentamos, el demandante también señala que, tratándose de un impuesto, se estaría violando el principio de caja única, al destinar lo recaudado al patrimonio de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y no al Fondo General de la Nación. Según tal principio, lo recaudado por los impuestos estatales debe ir dirigido a una caja única, sobre la cual la Asamblea Legislativa puede desplegar efectivamente su control presupuestario.

La Sala de lo Constitucional consideró que esa demanda cumplía con los requisitos para ser admitida y, además, que para garantizar las resultas del proceso era necesario suspender la aplicación de ese “cargo para inversión social”.

Los funcionarios encargados de diseñar y aplicar los tributos deben saber que en los últimos años ha ocurrido un cambio silencioso pero significativo en el Derecho Constitucional; se ha popularizado. Las conversaciones sobre las sentencias de la Sala de lo Constitucional son cotidianas. Y la existencia y contenido de diferentes categorías constitucionales hoy son de conocimiento de gente que no está necesariamente dentro de círculos jurídicos.

Ese cambio cultural ha construido ciudadanía. Si la población conoce sus derechos, pasa a ser mas crítica ante la autoridad, y podrá identificar si esta actúa fuera del marco de la legalidad y constitucionalidad, reclamando a las autoridades correspondientes cuando se piensa que no es así.

En El Salvador, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de inconstitucionalidad; no es necesario ser abogado.

En lo sucesivo esto supone una carga adicional para quienes se encargan de diseñar los tributos. Deben entender que la sociedad ha despertado de su letargo, y que hoy existen más ciudadanos que preguntarán por qué el Estado o los municipios quieren ejercer el poder tributario sobre sus bolsillos, y, además, canalizan sus reclamos en demandas de inconstitucionalidad.

En algunos casos el tribunal aceptará los argumentos de los ciudadanos, y en otros no. Pero es esperanzador que el pueblo asuma su condición de soberano, y utilice cada vez más los mecanismos institucionales a su alcance para ejercer ciudadanía.

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  • tributo
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