Los comicios del domingo pusieron en evidencia la necesidad de hacer cambios estructurales en la administración del proceso

Dado lo que ocurrió con los retrasos injustificables en la instalación de las mesas de votación y con la inoperancia manifiesta del sistema inicialmente contratado para la comunicación de resultados, está claro que el TSE ya no puede continuar funcionando como un organismo casi artesanal en lo que se refiere a las decisiones de base.
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Los salvadoreños hemos venido transitando por una ruta en la que a cada paso hay eventos electorales, lo cual incide de diversas maneras en el desempeño político del proceso nacional. Para hablar con hechos: el calendario electoral tuvo citas en las urnas en 2012, en 2014, en 2015 y las tendrá de nuevo en 2018, en 2019 y en 2021. Es decir, en 9 años habremos tenido 6 elecciones, 2 presidenciales y 4 legislativas y municipales. Si bien la reiteración en el ejercicio electoral pone a prueba los aprendizajes que deben ir teniendo tanto los actores políticos como los representantes gubernamentales, hay que tener muy en cuenta que la atmósfera nacional está constantemente contaminada por la lucha del acceso a los puestos, y todo ello deja muy poco tiempo para dedicarse tranquilamente a darles tratamiento y solución a los grandes problemas del país.

En esta oportunidad, los nuevos mecanismos de votación puestos en marcha son un elemento adicional que dificulta aún más las cosas. Y lo primero que ha quedado demostrado, por lo ocurrido en el día de la elección y en el tiempo inmediato, es que la administración del proceso electoral muestra deficiencias y fallas que no son circunstanciales, sino que derivan de algunos vicios de base que habría que empezar a tratar a fondo. El primero de ellos se centra en el control partidario de todos los organismos electorales. Eso hace que, específicamente en los niveles más altos de la autoridad electoral, la configuración de la misma se haga por criterios de fidelidad política, sin tomar en cuenta capacidades de organización y de administración. Es muy natural y saludable que los partidos mantengan una completa vigilancia sobre los procesos en sí, pero la responsabilidad de administrar éstos tendría que ser ajena al interés partidario directo.

Dado lo que ocurrió con los retrasos injustificables en la instalación de las mesas de votación y con la inoperancia manifiesta del sistema inicialmente contratado para la comunicación de resultados, está claro que el TSE ya no puede continuar funcionando como un organismo casi artesanal en lo que se refiere a las decisiones de base. Y lo que hemos visto en el curso del tiempo es que se vienen incrementando tanto el pasionismo tendencioso dentro de dicho Tribunal como la toma de decisiones logísticamente arbitrarias. Nada de esto le conviene al sistema, y hay que buscar salidas razonables a una problemática que en nada abona a la verdadera democratización. Afortunadamente, la ciudadanía responde cada vez más a la lógica democrática, y eso asegura que no haya quebrantos significativos y que el proceso en general le apunte a la normalidad.

El tema de la modificación del calendario electoral también estará presente, sin duda, en la discusión política que se viene en el futuro inmediato. Hay que ventilar dicho calendario, y lo más sensato sería que los períodos para diputados y concejos pasaran de 3 a 5 años, pero ubicando estas últimas elecciones en la mitad del período presidencial, para que no se corra el riesgo de que el partido ganador de la Presidencia acapare el poder automáticamente en los otros campos.

Tenemos, pues, mucho trabajo por hacer de aquí en adelante en lo que a la estructura política nacional se refiere. Y habría que aprovechar el tiempo sin elecciones que hay por delante, al menos en los 2 años y medio venideros, para abrir una discusión desapasionada y productiva en lo referente a todos esos temas, que son tan decisivos para la buena marcha del proceso nacional. No hay que perder al respecto ni un solo día disponible.

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