Los costos de la violencia se manifiestan de muy diversas formas y sus efectos tienden a ser cada vez más paralizantes

La angustia se va apoderando del ambiente, y en la medida que eso aumenta disminuyen las posibilidades de crecer y de modernizar, porque la gente lo que busca es huir para protegerse a cualquier costo.
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Nuestro país está inmerso en una vorágine de violencia que ha ido incrementándose con el paso del tiempo, pues como todos los males que no reciben tratamientos adecuados en fase temprana, la permanencia tiende a profundizarlos y a expandirlos hasta que se vuelven incontrolables. Cuando concluyó el conflicto bélico, sin que hubiera rebrotes del mismo de ninguna índole, se dio una gran oportunidad de encauzar todos nuestros procesos psicosociales y socioeconómicos hacia una normalidad estable dentro del marco de la democratización; pero se dejó pasar el momento como si dicha normalidad fuera a venir por generación espontánea y así empezaron a crecer los caldos de cultivo de nuevas conflictividades, de otra índole pero de consecuencias no menos perniciosas.

El principal actor antisistema que se hizo presente casi de inmediato fue el crimen organizado; y a su sombra comenzaron a surgir las estructuras pandilleriles, con una potencialidad expansiva agresivamente creciente. Como ocurre siempre que las cosas se dejan estar sin medir consecuencias, el fenómeno ha pasado a ser una realidad dominante en el terreno. Hoy el crimen organizado y las pandillas son una especie de contrapoder, que reta a la autoridad legal con desfachatez cada vez mayor. Basta oír los últimos comunicados públicos de algunos líderes de pandillas para poder medir la dimensión del desafío que quieren hacer valer.

En tales condiciones, los costos de dicha situación son realmente enormes y se manifiestan de muy variadas maneras, pues se trata de trastornos que se van sofisticando en la medida que se mantienen. Hay, por supuesto, costos económicos, que inciden de manera decisiva en las posibilidades de desarrollo y en las realidades de vida de la población. Para el caso, según cifras del Banco Central de Reserva, la violencia le cuesta al país alrededor de 4,000 millones de dólares anuales, es decir algo así como el 16% del Producto Interno Bruto, con afectación directa sobre los hogares, las empresas y el Gobierno. Desde luego, los costos definitivos nunca podrán tenerse al centavo, porque el crimen y la violencia actúan fuera de todo marco legal y por consiguiente mucho de su accionar ocurre en la sombra.

Hay también, como derivados de la violencia en acción, costos muy grandes en el tejido social y en la estabilidad política. Hechos como la territorialización del poder pandillero desarticulan familias, desactivan comercios y trastocan la educación. La angustia se va apoderando del ambiente, y en la medida que eso aumenta disminuyen las posibilidades de crecer y de modernizar, porque la gente lo que busca es huir para protegerse a cualquier costo. Por otra parte, el desconcierto institucional frente al fenómeno de la violencia y la inseguridad pone en vilo todo el accionar político. Ojalá que la emergencia real en que nos hallamos al respecto pueda impulsar el concierto de voluntades, como parece que está empezando a suceder en el seno legislativo.

Lo peor que podría pasarnos es continuar como estamos, y por ello la activación de las soluciones factibles debe ser el motor de cualquier esfuerzo que se emprenda. La verdadera emergencia consiste en no dejar pasar ni un día más sin tomar las medidas que conduzcan al tratamiento integral de la problemática. Ahí está lo básico.

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