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Los desafíos de las elecciones 2018

Estamos a la vuelta de las próximas elecciones legislativas y municipales, y si bien el banderillazo de salida no ha sido realizado de manera oficial, nadie puede negar que ya estamos completamente inmersos en el proceso electoral.
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Por eso consideramos que era imprescindible conocer cuáles eran los principales desafíos que tendríamos que afrontar en relación con ese proceso, y por eso fue que hace unos días organizamos un conversatorio en el que pudimos entenderlos, de voz de uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Más allá de reconfirmar las obvias limitaciones que se generan como consecuencia del arbitrario recorte presupuestario que se le hizo al TSE, y más allá de entender que ello afectará seriamente los programas de capacitación electoral, organización y logística, así como la publicidad y organización de eventos, la decisión legislativa en materia presupuestaria ha sido capaz de poner en riesgo la transmisión, procesamiento y divulgación oportuna de los resultados electorales.

Sobre esto último valga decir que no se trata de pretensiones “morbosas”, como insólitamente las calificó el magistrado presidente del TSE. Se trata de una mínima exigencia ciudadana, esperable en cualquier estado democrático de derecho.

Visto el escenario político actual, podemos vaticinar que en las próximas elecciones tendremos un mayor porcentaje de voto cruzado, y que, por lo mismo, los criterios de conteo y el uso adecuado de tecnología tendrán un rol fundamental. El TSE no puede ni debe repetir los errores cometidos durante las elecciones de 2015; esa lección tuvo que haberse aprendido.

Uno de los principales desafíos será la despartidización de los organismos electorales temporales. Al respecto, la Sala de lo Constitucional señaló que tales organismos deben estar conformados por personas que no tengan vínculos formales o materiales con los partidos políticos, con lo cual debe iniciarse de inmediato el proceso de “ciudadanización” de los mismos.

Y es justo eso lo complicado. No hay ninguna garantía que los partidos políticos que participarán en la venidera contienda electoral tengan la capacidad de proponer a las personas que –sin vínculos formales o materiales– estén dispuestas a formar parte de las juntas receptoras de votos. Eso obliga al TSE a implementar estrategias creativas y dentro del marco legal, que le permitan acudir a la ciudadanía y que por sobre todo le permitan lograr el compromiso y responsabilidad necesaria para el desempeño de los cargos.

En este punto, queremos hacer desde ya un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, para que junto con los esfuerzos que tendrá que realizar el TSE, identifiquemos soluciones que nos permitan institucionalizar y profesionalizar la participación de los ciudadanos como administradores y garantes temporales de los comicios. No podemos dejar solo al TSE en este empeño.

Otros desafíos pasan por anticipar lo que podrá ocurrir frente a las exigencias de democratización interna de los partidos. Estamos siendo testigos de lo que está costando que los partidos políticos conduzcan adecuada y transparentemente sus procesos internos de elección, y comenzamos a ver resultados que pueden significar que algunos descontentos lleguen a conocimiento del TSE.

Lo mismo acontece con la resistencia que aún existe en ciertos partidos para revelar las fuentes de su financiamiento, sobre todo por las decisiones adoptadas por la Sala de lo Constitucional que a estas alturas siguen sin cumplirse y cuyos efectos ya han sido anunciados.

Y qué decir del rol que le corresponde jugar a la Fiscalía General de la República en este proceso; institución que tampoco cuenta con los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios. Esta vez no se puede improvisar y por ello FGR también está obligada a iniciar sus preparativos.

Los desafíos son muchos y los recursos son pocos. Tenemos que comenzar a identificar la manera en la que vamos a contribuir todos.
 

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