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Los desafíos institucionales del presente merecen más atención de todas las fuerzas

Pero no hay que dejar en silencio o poner al margen el hecho deplorable y condenable de las resistencias que se siguen dando, por momentos con gran beligerancia, cuando las disposiciones o las resoluciones de uno de los Órganos del Gobierno se contraponen a lo que se quisiera imponer por otro de dichos Órganos.
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Aunque los signos que se van presentando en la realidad política del momento indican que el esquema nacional vive una etapa de cambios significativos, las reacciones que se observan al respecto, principalmente en lo que corresponde a las fuerzas políticas que tienen presencia en el juego, no parecen suficientemente conectadas con lo que exigen las circunstancias y los tiempos. Si nos centramos en lo que se va dando dentro de los planos institucionales, habría que reconocer sin reservas ni disimulos que hay variedad de impulsos hacia el cambio, y no por efecto de voluntades parcializadas sino como consecuencia de la evolución que se viene dando desde que la democratización ganó el puesto que le corresponde para lograr desde ahí que el país se enfilara hacia su desarrollo factible.

Todavía hay mucho por hacer en lo que a la armonización de las entidades institucionales se refiere, y esto abarca principalmente a los llamados Órganos Fundamentales del Gobierno, en cuyas manos está la conducción del país desde el sector público. En el pasado, todo parecía funcionar sin problemas al respecto porque lo que se daba era el predominio del Poder Ejecutivo, bajo la dirección del Presidente de la República, que respondía a los mandatos del poder real, que durante décadas estuvo concentrado en la Fuerza Armada.

Esto tomó otra dirección cuando la democracia se instaló allá a comienzos de los años 80 del pasado siglo, y dicho cambio se consolidó a raíz de la solución política de la guerra, que hizo posible que el FMLN pudiera pasar a la competencia democrática sin ningún tipo de reserva. Dentro de esa nueva forma de ejercicio institucional, el esquema básico se ha venido manteniendo intacto, pero hay mucho por hacer en lo que se refiere a la institucionalidad como red de mecanismos que mueven al sistema en su actividad natural.

Pero no hay que dejar en silencio o poner al margen el hecho deplorable y condenable de las resistencias que se siguen dando, por momentos con gran beligerancia, cuando las disposiciones o las resoluciones de uno de los Órganos del Gobierno se contraponen a lo que se quisiera imponer por otro de dichos Órganos. Ese es el caso de los ataques cargados de intransigencia política contra la Sala de lo Constitucional y contra la Fiscalía General de la República por sus actuaciones dentro del marco constitucional que les corresponde.

La normalización respetuosa de los roles que a cada institución le competen es una tarea que debe estar siempre y en toda circunstancia por encima de los intereses y de los propósitos particulares y sectoriales. La política, como en todo su desenvolvimiento, debe mostrar en esto que se ajusta a la misión que le ha sido encomendada por la ley. Y es precisamente dentro del orden legal que todos los actores nacionales, con independencia del poder respectivo, tienen que hacer su trabajo y cumplir con sus responsabilidades.

Sólo si esa línea de respeto mantiene su vigencia sin ningún tipo de desvío o de distorsión es posible asegurar la salud del Estado de Derecho y la consecución de las metas propias de un desempeño civilizado.

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