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Los diputados volvieron al reparto

Con retraso de casi un año, en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa se eligió a 5 consejales propietarios y 5 suplentes que en representación del gremio de abogados, el Ministerio público y el Órgano Judicial, pasarán a formar parte del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
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También se eligió en la misma plenaria a dos consejales y sus respectivos suplentes, que representarán a las facultades de Derecho de las universidades privadas y de la Universidad de El Salvador.

Tal como lo dice el mismo sitio web del CNJ, se supone que los 7 miembros no son elegidos en un solo momento, sino que los 2 representantes del sector de las universidades son electos al final del primer año de gestión de los otros 5 miembros. De este modo –explica el sitio web del CNJ– en lugar de renovación total simultánea, los cambios son parciales y sucesivos, para favorecer una sinergia efectiva entre la experiencia institucional de los funcionarios que permanecen y las propuestas innovadoras de los consejales recién nombrados.

Ese “deber ser” no se pudo cumplir porque a pesar de que lo negaron con insistencia, los diputados esperaron hasta el momento en que les correspondiera elegir a los 7 miembros del CNJ. El pastel se hacía más grande y con ello podían llamar más comensales al reparto; y eso fue lo que hicieron: repartirse.

Sin ningún atisbo de vergüenza, se hizo caso omiso del clamor ciudadano por comenzar a tener funcionarios electos como resultado de un verdadero proceso de elección en que se valoren las cualidades, los perfiles, la experiencia, las corrientes de pensamiento y la independencia partidaria. Todo se limitó a un nuevo forcejeo entre los tres principales partidos políticos que hoy conforman la Asamblea.

Nada les importó lo que ha venido resolviendo la Sala de lo Constitucional sobre los requisitos que deben observarse en las personas que resulten electas. Si hay un par de honrosas excepciones, lo cierto es que estas no vienen como resultado del obligado análisis que tuvo que conducirse en la Asamblea, sino prácticamente por la inercia del forcejeo mismo.

No hemos tenido acceso al expediente legislativo en donde quedará reflejado el proceso que por casi un año se llevó a cabo para llegar a elegir a los miembros del CNJ, pero desde ya anticipamos, y de verdad esperamos equivocarnos, que no será posible encontrar en ese expediente las justificaciones y explicaciones que todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir sobre las razones que llevaron a los diputados a elegir a unos y descartar a otros. Y no haberlo hecho –ya lo dijo la Sala de lo Constitucional– es una transgresión constitucional.

Desde luego que no podemos prever lo que va a ocurrir en el futuro con esta elección del CNJ, pero sí podemos asegurar que varios nos daremos a la tarea de identificar las irregularidades de este proceso y que, de ser necesario, promoveremos los remedios que correspondan.

Mientras tanto y sin pecar de ingenuos, exhortamos a los funcionarios electos a que cumplan fielmente con sus obligaciones constitucionales y legales. Les ha sido depositada una responsabilidad que ya ha sido entendida por la ciudadanía, y que por esa circunstancia, será mucho más fiscalizada.

Por último, no hay que perder de vista que el hecho de que finalmente se haya elegido al CNJ no significa que la responsabilidad por la omisión legislativa no se haya generado ya. No vamos a desistir de la inconstitucionalidad ya interpuesta y admitida por la Sala de Constitucional. Haberse tardado casi un año para llegar al punto en el que de todas maneras se repartieron la institución y viendo lo que se avecina, no es algo que vamos a obviar ni mucho menos olvidar.

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