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Los entes institucionales deben cumplir a tiempo y a cabalidad sus responsabilidades de gestión

Los ciudadanos tenemos que estar cada día más vigilantes de que los entes estatales cumplan con sus obligaciones y de que los funcionarios encargados asuman a fondo sus responsabilidades como tales.

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En los tiempos más recientes se ha venido haciendo mala costumbre de muy negativas consecuencias el hecho de dejar pasar los plazos legales en lo referente a decisiones que tienen fecha fija, como son las designaciones de funcionarios cuya elección corresponde a entes como la Asamblea Legislativa. En los meses que corren se han concentrado algunas de esas decisiones que, por las circunstancias tan especiales que prevalecen en el país, son más determinantes que nunca para la buena marcha del proceso nacional. Fue deplorable que las fuerzas políticas en la Asamblea tardaran tantos meses para elegir a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que llenarían las plazas vacantes desde el 15 de julio; lo hicieron por fin, y el resultado fue satisfactorio de entrada, aunque aún está por verse la actuación en concreto sobre todo de la Sala de lo Constitucional que tiene agenda tan decisiva.

Hoy estamos a unos cuantos días para que llegue a su fin la gestión del actual Fiscal General, y en la Asamblea hay movimientos conducentes hacia la decisión sobre si continúa el Fiscal actual o si se elige a uno nuevo. En verdad el desempeño del Fiscal que concluye período ha sido ejemplar en muchos sentidos, aunque, como es natural, hay inconformidades alrededor. Lo que en realidad importa es que los diputados, provenientes de los distintos partidos, tomen esta tarea realmente en serio, porque de lo que se trata es de asegurar que la línea de modernización, de efectividad y de independencia que se ha emprendido no sólo siga adelante sino que se fortalezca y se perfeccione en forma progresiva.

En el ínterin, hay otra decisión de alto significado coyuntural con proyecciones hacia el inmediato futuro: la aprobación oportuna del Presupuesto General del Estado para 2019. Y esto se complica aún más porque en el año que viene hay que honrar deuda pública por más de 1,000 millones de dólares, para lo cual habría que tener listas las provisiones correspondientes. Además, si no hay Presupuesto aprobado el 1 de enero todo el aparato estatal sufre de inmediato los efectos lastrantes, en detrimento de la efectividad y de la estabilidad que se han vuelto cada vez más insoslayables. Urge, pues, que el Presupuesto General esté a tiempo, y por eso la Asamblea debe trabajar a marchas forzadas para lograrlo. Se hace imperativo reinstalar la disciplina como factor vital y crucial del desempeño.

Los ciudadanos tenemos que estar vigilantes al máximo de que los entes estatales cumplan con sus obligaciones y de que los funcionarios encargados asuman a fondo sus responsabilidades como tales. Y eso se está demandando en términos generales y en casos específicos, como es el que corresponde a la decisión sobre el Fiscal General que está por venir. Tanto nacional como internacionalmente se puntualiza que el Fiscal debe ser alguien capaz, honrado, eficiente, valiente e independiente, para que se garantice el buen desempeño.

Hay que insistir por todos los medios posibles en el imperativo de hacer las cosas bien y a tiempo. El acatamiento de la legalidad en sus diversas expresiones es responsabilidad de todos, y en primer término de aquéllos que tienen a su cargo directo el quehacer institucional.

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