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Los gastos reservados y la partida secreta

Ha llegado el momento de legislar y hacer cumplir las leyes, no se trata de eliminar los gastos reservados que existen en todas partes del mundo, sino de normarlos y controlarlos para evitar un abuso.
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Los gastos de inteligencia se conocen como el “presupuesto en negro” (Black Budget en Estados Unidos). Son los que más atención reciben cuando se habla sobre las partidas secretas. En EUA el análisis del presupuesto de inteligencia es primordial para el ejercicio de control por parte del Congreso.

Claro que las circunstancias de EUA son únicas y por lo tanto no extrapolables a nuestra realidad, su experiencia puede ser de interés para las incipientes prácticas que se están desarrollando aquí.

Tanto la presentación del presupuesto remitido por el presidente, las leyes de autorización presupuestaria como las leyes de apropiación del mismo contienen información presupuestaria detallada la cual aparece, en cada caso, en forma de anexos con clasificación de secreto.

“Los fondos asignados disponibles para una agencia de inteligencia pueden ser gastados para una actividad de inteligencia o relativa a inteligencia solo si... dichos fondos han sido específicamente autorizados por el Congreso a ser utilizados para dichas actividades".

En El Salvador no se publica el presupuesto del OIE (organismo de investigación del Estado), a diferencia de EUA donde se publican los gastos de pensiones y del staff de seguridad, aquí se ha llegado al colmo de desconocer a quiénes han trabajado allí y por lo tanto no pueden pensionarse, pues no aparecen las cotizaciones que debieron cotizar para poder pensionarse.

Debido a las dificultades que impone el secreto para el correcto control por el Ejecutivo como por la Asamblea, se hace necesario que existan mecanismos confiables en el manejo de los mismos. Mediante un nuevo sistema que permita la clasificación de seguridad al presupuesto solo en los casos en que sea posible identificar o describir el perjuicio que resultaría al ser revelado.

Distinto es el esquema que está en vigor en Alemania Federal. El Parlamento alemán cuenta con una subcomisión presupuestaria para la autorización del presupuesto de inteligencia, perteneciente a la Comisión de Presupuesto del Bundestag. Es de destacar que esta es la única instancia legislativa en donde se debate y eventualmente se aprueba el presupuesto de inteligencia.

Recientemente, aquí la Justicia abrió una causa por presunta malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados en donde se encuentran acusados un expresidente, exfuncionarios y secretarios de la Presidencia, así como empleados de esa dependencia. Debería crearse una comisión legislativa para controlar los “gastos reservados” los cuales solo estarían destinados para defensa y seguridad del Estado. Y otra partida para gastos imprevistos, como recientemente se aprobó un préstamo de Japón por 50 millones, para gastos de emergencia en caso de una catástrofe pública.

En El Salvador se involucra el uso discrecional de fondos reservados, donde solo el presidente tiene absoluto control. Según las crónicas periodísticas, el expresidente Saca y sus allegados están siendo acusados de malversación, al no poder justificar ante la Corte la desviación de fondos reservados para uso personal. La huida de otro expresidente a Nicaragua por las mismas razones pone de manifiesto un problema de control, pues la ley de secreto de seguridad nacional impide la fiscalización exhaustiva. Pero una cosa es tener indicios del cometimiento de un posible delito y otra cosa el probarlo, a pesar de que en El Salvador se condene a priori a las personas.

Sobre las normas que regulan los gastos reservados aquí no hay una ley clara. Ha habido leyes, anacrónicas, instructivos, decretos presidenciales y reglamentos, pero no hay una legislación muy clara ni acorde con la realidad actual. Por lo que será muy difícil para la Fiscalía General de la República comprobar en caso de existir dichos delitos. Y no solo tratar de mitigar su fracaso, ante la opinión pública con el uso de una herramienta inconstitucional como la ley de extinción de dominio, que, a manera del Circo Romano, pretende con ello ocultar su fracaso como Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, debería exigirse a la actual Presidencia más controles y una obligación a declarar y auditar dichos fondos y no esperar a otro gobernante en el poder, pues harían desaparecer la información, como ya ha hecho la Presidencia de Funes con sus gastos reservados, viajes y “gustitos” de clase mundial. Ha llegado el momento de legislar y hacer cumplir las leyes, no se trata de eliminar los gastos reservados que existen en todas partes del mundo, sino de normarlos y controlarlos para evitar un abuso.

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