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Los gobiernos transparentes

Los ciudadanos y las empresas salvadoreños en general están presionando para tener un gobierno más transparente, responsable, y una Administración Pública más receptiva. El combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia no puede quedar en el aislamiento de una sola administración u orden de gobierno.
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Informar a la ciudadanía de sus acciones, establecer espacios de comunicación y participación y brindar atención ciudadana son requisitos insoslayables de una autoridad de cara a los ciudadanos. Un gobierno transparente es aquel que realiza sus acciones ante la mirada y la opinión de sus gobernados; un gobierno a los ojos de todos.

Aunque se podría pensar que este tema es nuevo dentro de las exigencias de la población hacia los gobiernos, la historia apunta a que en Francia está expresado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada el 26 de agosto de 1789. También Suecia es uno de los países en los que el acceso a la información pública tiene historia y tradición, ya que este derecho fue descrito en la Ley Fundamental de Libertad de Prensa que data de 1812.

Un verdadero gobierno transparente lo demuestra en contratación, despido y promoción de su personal, ya que es muy importante que esta actividad se haga de acuerdo con la capacidad, el profesionalismo y los resultados de su desempeño. El objetivo es que los puestos sean ocupados por quienes acrediten las mejores aptitudes profesionales y de vocación de servicio a la ciudadanía.

También se demuestra transparencia cuando se informa a la comunidad sobre quiénes son los proveedores de productos y servicios; qué productos o servicios contrata y cuánto dinero cuesta a los ciudadanos. Entre las principales ventajas de hacer pública esta información destacan: mayor competitividad entre proveedores, que redunda en servicios y productos de mayor calidad y menor costo para el municipio; mayor racionalidad y eficacia en el manejo de los recursos públicos; reducción en los márgenes de discrecionalidad entre funcionarios y proveedores y, en consecuencia, mayor credibilidad en las autoridades y el gobierno.

Además, informar sobre el monto de los sueldos de sus empleados, ya que los salarios que los servidores públicos perciben son pagados por los ciudadanos, por ello es importante dar a conocer periódicamente el monto de salarios, prestaciones y bonos. Se recomienda difundir las percepciones salariales del presidente, diputados, magistrados, alcaldes, regidores, síndicos y otros funcionarios de nivel primario y secundario. Hacer pública esta información incrementa la autoridad moral del gobierno. Difundir también el patrimonio de los gobernantes genera una mayor confianza de la ciudadanía en quienes los dirigen.

Se debe proporcionar al ciudadano las facilidades para presentar una queja, algo que puede lograrse creando ventanillas especiales o implementando la comunicación por internet utilizando el sistema de correos electrónicos. La transparencia y la atención a la ciudadanía van de la mano, pues si el ciudadano no obtiene una respuesta a su inquietud en el menor tiempo posible, acudirá a otras instancias para satisfacer su deseo de respuesta, y no necesariamente lo hará bajo los medios adecuados.

Para 2012, la oficina de Transparencia Internacional ha publicado el índice de corrupción por países: Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda comparten el primer lugar, en el lado opuesto figuran Afganistán, Corea del Norte y Somalia; El Salvador se situó en el lugar 83 en la posición global y 15 dentro del continente americano.

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