Los militares y el perdón

No hay duda que la captura de algunos militares implicados en el caso jesuitas, asesinados el 16 de noviembre de 1989, es una línea política que tiene por objeto levantar cortinas de humo en virtud de los grandes problemas que atraviesa nuestro país. Aunque he de decir que el asesinato de los jesuitas como el de miles salvadoreños no solo fue un error, sino un acto cobarde y moralmente reprobable desde cualquier punto de vista.
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Ahora bien, para poder aportar caldo de cultivo a la discusión es importante saber distinguir entre genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tanto desde el punto de vista convencional (tratados) como desde el punto de vista de la jurisprudencia, dado que ahí radica la esencia para poder dar una opinión al respecto. De lo contrario caeríamos en posturas monopólicas sobre la verdad.

Por ejemplo el genocidio, son actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. De modo que existe un elemento específico intencional. A diferencia de este, el crimen de lesa humanidad es el que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: asesinato, exterminio, deportación, tortura, violación, entre otros.

En cambio los crímenes de guerra son infracciones graves de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a saber: matar intencionalmente, someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, destruir bienes y tomar rehenes.

Por lo tanto el delito cometido por los militares salvadoreños a los jesuitas está vinculado al genocidio, y como tal es imprescriptible.

Sin embargo, a la luz del derecho, se deben de analizar dos escenarios posibles: el primero está conectado a la judicialización del proceso en el que se condenó a los autores materiales del crimen de los jesuitas, no así a los autores intelectuales. Dicho de otra manera, el caso jesuita adquiere el estatus de cosa juzgada, por tanto se aplica un principio internacional: “Non bis in ídem”.

Consagrado en nuestra Constitución y reconocido en tratados internacionales, nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa. El otro escenario son los tratados internacionales que contemplan los crímenes de guerra, entre ellos está el Estatuto de Roma que fue creado en 1998 y entró en vigor en 2002, el cual está siendo utilizado para penalizar crímenes ocurridos en la guerra civil salvadoreña.

Lo cual visto desde la óptica jurídica es una aberración jurídica querer extraditar a España y juzgar a los militares, con un tratado internacional que no existía en el momento del crimen. Dicho de otra manera, aunque el delito de genocidio existió, no así el Tratado. Por ende, prevalece lo que dice el art 21 Cn. con relación al art. 144 Cn.

La ley no puede tener efecto retroactivo y cuando haya conflicto entre la ley, el Tratado y la Cn., prevalece la Constitución.

De modo que la garantía constitucional consagrada por el aforismo “Nulla poena sine lege previa”, no hay pena sin ley previa, tiene que ver con el principio de “legalidad”.

De modo que autorizar la extradición para que los militares salvadoreños sean juzgados por el Gobierno de España implicaría una violación a los derechos fundamentales enunciados en la Constitución de la República.

Todo ello abriría mucho más la brecha de odio entre la izquierda y la derecha. Creo que la verdad ya fue establecida por la Comisión de la Verdad. De lo contrario tendría que extraditarse a muchos comandantes guerrilleros hacia aquellos países que perdieron ciudadanos a manos de la guerrilla.

Tags:

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