Los otros papeles de la Policía

Los policías y sus familias se convirtieron en objetivos de las pandillas durante la última ola de violencia criminal. A los hombres que representan el respeto al Estado, la garantía de la seguridad pública, los delincuentes los mataban por la espalda, cuando andaban desarmados o les quitaban a sus seres queridos.
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Entonces vimos al gobierno lanzarles algunas propuestas: que un acuerdo con el Fondo Social para la Vivienda (FSV) para que no perdieran lo cotizado en sus casas y se mudaran a otras colonias; que descuentos en las compras de casas nuevas en proyectos habitacionales en Santa Ana. El viernes, las autoridades anunciaron el avance del 52 % de construcción de la Delegación Montserrat, la que sustituirá a la Delegación Centro y la que tendrá capacidad para albergar a más de 300 policías.

Sin embargo, todo esto no quita las condiciones actuales en las que se encuentra la mayoría de agentes. En esta edición publicamos que la PNC le ha fallado a las familias de 16 policías asesinados, al no pagarles sus seguros de vida.

No solo se trata de malas condiciones, de la falta de equipo (tanto administrativo –que vemos cada sábado recibir refuerzos de iniciativas privadas, como la Fundación Alba– como policial), sino también de inseguridad jurídica.

¿Qué sucedió en la Policía cuando hubo cambio de gobierno en 2009? Bueno, que los policías provenientes de los antiguos cuerpos de seguridad militares (Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de Hacienda) fueron relegados. Esto era bastante obvio, después de años de que los policías con experiencia militar, pero guerrillera, estuvieran bajo la sombra.

Pero no solo fue el cambio en la detentación del poder, sino que también se impulsó desde la Inspectoría la caza de oficiales provenientes del ejército o aquellos civiles de derecha.

Ahora vemos el proceso mucho más profundizado, con excomandantes guerrilleros (y, por tanto, con formación militar) al frente no solo de la PNC, sino también del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

¿Es eso bueno? Ya la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló en contra de militares al frente de la cartera de Justicia y Seguridad (por eso fueron retirados el general David Munguía Payés del Ministerio de Seguridad y el general Francisco Salinas al frente de la PNC). Ahora, sin embargo de presentarse el mismo caso, la sala no se ha pronunciado.

Recientemente, hemos visto a más uniformados sentados en el banquillo de los acusados. Solo este jueves fueron detenidos 11 por sus nexos con pandilleros. Fueron capturados en operativos ejecutados en varios municipios y luego de una investigación de la Fiscalía General de la República que duró seis meses.

Y también hemos visto a otro grupo de policías acusados de sicariato. Sobre ellos también hay investigación.

Un tercer grupo de policías lo forman los tres que están incorporados en la investigación de la tregua, recientemente declarado bajo reserva total (es decir, en secreto) por el juzgado.

La acusación fiscal tiene serias contradicciones, como que apunta hacia el ministro Munguía Payés —lo dice tal cual en varios párrafos—, pero no lo incluyó en la acusación ni hay orden de captura en su contra.

La defensa de los policías –como también de los funcionarios de Centros Penales– también apunta hacia lo mismo: que solo cumplían órdenes emanadas de la máxima autoridad, el ministro de Justicia y Seguridad.

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