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Los padres de la tregua

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La tregua como tal no es un delito, así lo ha expresado el fiscal general, ya que las negociaciones entre pandillas con asistencia de mediadores, que se ejecutó en aquel entonces y que tenía por objetivo crear un proceso de pacificación que diera como fruto una baja en los índices de violencia y por ende en las extorsiones, los homicidios y las amenazas, no constituyó ninguna violación a las normas penales o administrativas vigentes.

Sobre todo, porque cualquier proceso legítimo que conllevara a la reducción de muertes en El Salvador era positivo, dado que miles de familias salvadoreños han sufrido y continúan sufriendo el flagelo de la violencia pandilleril que les arrebató un ser querido o peor aún, viven el terror que sus hijos son acechados de día y de noche y obligados a formar parte de estos grupos delincuenciales que cobardemente actúan.

De manera que algunos salvadoreños asumíamos que la tregua era una verdadera novedad en virtud de que bajaron sensiblemente los homicidios. Y por supuesto era la carta de presentación del recién nombrado ministro de Seguridad Munguía Payés, que se jactaba del nuevo plan de seguridad que había dado un resultado eficaz, dado que siempre se manejó al público que era un pacto que se había gestado únicamente entre pandillas rivales, y que era asistido por hombres valientes que se llamaban mediadores y que el gobierno era un simple espectador que facilitaba tal situación.

No obstante, lo que nunca dijo el gobierno del FMLN, liderado en aquel entonces por el señor Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, era el precio que debíamos de pagar todos los salvadoreños para que estos delincuentes dejaran de matar a niños, ancianos, mujeres embarazadas, jueces, fiscales, policías, entre otros. Es decir que la orden de los cabecillas para que sus miembros dejaran de matar estaba condicionada a ciertos privilegios que la ley penitenciaria y el Código Penal prohibían, y es aquí donde se encuentra lo ilegal de la negociación y los beneficios que le fueron otorgados a los pandilleros y sus familiares.

Por lo tanto, la tregua solo era el mecanismo que se manejó públicamente por el gobierno del FMLN, para desviar el trasfondo de la negociación, cuando la realidad fue que el gobierno colaboró al poner a disposición de las pandillas recursos, infraestructura y personal para que los cabecillas disfrutaran de beneficios penitenciarios prohibidos por ley, mientras miles de familias salvadoreñas honradas eran extorsionadas y masacradas salvajemente por las pandillas.

Así mismo se desviaron más de 5 millones de dólares de las tiendas de centros penales, para pagar a mediadores, otorgar beneficios económicos a los familiares de las pandillas, se les organizaron fiestas en los centros penales, se permitió el ingreso de prostitutas, bebidas alcohólicas, drogas, comida rápida, teléfonos celulares, televisores, cable, juegos de videos, energía eléctrica para que conectaran sus teléfonos, los mediadores tenían acceso libre de modo que no eran registrados como las demás personas.

Es decir que con todas estas permisibilidades que les otorgó el gobierno del FMLN, los cabecillas de las pandillas tuvieron la capacidad para reorganizar su estructura delincuencial, agruparse de mejor manera, fortalecer el territorio y dar un salto cualitativo al crimen organizado, lo cual produjo una ventaja competitiva en las elecciones de 2014 al FMLN, ya que no solo eran custodiados en los centros de votación, sino que amedrentaban a los votantes de su adversario decomisando DUI y ejerciendo autoridad en la defensa del voto del FMLN.

En consecuencia, la tregua no es delito, sino todas las leyes que violentaron los funcionarios del FMLN, para favorecer a las pandillas en detrimento de la población honrada.

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