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Los peores escenarios

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Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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Meses antes de que iniciara el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), muchos señalamos la importancia que tendría, pues se estaría eligiendo a magistrados de la Sala de lo Constitucional; pero también reiteramos los peores escenarios que debían evitarse, tales como: una elección de magistrados basada en criterios partidistas; el retraso y consecuente acefalía en la Sala; y el traslape con la elección del Fiscal General de la República (FGR).

Lo lamentable es que algunos de dichos escenarios se presentaron, a pesar de que la sociedad civil en varias ocasiones les expresó a distintos diputados cuando fueron candidatos, que la elección fuera en tiempo y que se hiciera basada en la idoneidad y sin repartos de cuotas.

El retraso en la elección de magistrados ya suma más de tres meses, lo cual es inadmisible por ser una grave violación a la Constitución. A esta fecha y desde que la Sala de lo Constitucional está incompleta y sin poder funcionar, ya han sido presentadas alrededor de 200 demandas que no pueden ser resueltas, con lo que ya son cerca de 900 procesos constitucionales que están detenidos. La ciudadanía está indefensa ante cualquier violación a sus derechos fundamentales, lo cual no es algo abstracto o lejano, pues tiene rostro, tal como ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con la situación de personas con enfermedades severas que fueron amparadas por la Sala ordenando que se les brindara un determinado medicamento, y que el mismo les ha sido sustituido en contra de lo que estableció la sentencia.

Además, la falta de Sala de lo Constitucional también tiene efectos en relación con los vetos por inconstitucionalidad emitidos por el presidente, puesto que si se superan por la Asamblea Legislativa, tal como sucedió esta semana con las reformas a la Ley Orgánica de la FGR, y que en vez de mandar a publicar el decreto lo remita a la Sala para que determine si se viola o no la Constitución, el proceso de formación de ley respectivo quedaría en suspenso hasta que se integre la misma.

Este escenario en el que falta el control de constitucionalidad puede empeorarse más todavía. Si se prolonga el retraso en la elección de magistrados y llegamos en estas circunstancias hasta las elecciones presidenciales de febrero próximo, la tutela constitucional, en caso de ser requerida por cualquier vulneración al derecho al sufragio, será crucial y necesaria para la legitimidad del evento electoral.

El otro escenario es relativo a que ya inició el proceso de elección del FGR, el cual debido al retraso antes señalado se traslapa de alguna manera. Este proceso debe superar las deficiencias vistas en el de magistrados; además debe evitarse cualquier intento de hacer una elección que no se base en la idoneidad y que busque un reparto político de instituciones.

Ojalá que estos peores escenarios que fueron advertidos y que ya sucedieron, se reviertan en la medida de lo posible para que no sigan afectando a la ciudadanía y que se realice la elección de magistrados pronto y con base en la idoneidad; así como que se conduzca un proceso transparente de elección del FGR eligiendo a la persona que tenga el mejor perfil para el cargo.

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