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Los urgentes y complejos acuerdos sobre las finanzas públicas

La sostenibilidad de las finanzas públicas y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática deberá orientar estos acuerdos que se constituirían en el fundamento de los Acuerdos de Desarrollo, un cuarto de siglo después de los Acuerdos de Paz.
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Antes que concluya el mes y el año, debería también concluir la negociación de los primeros acuerdos entre el gobierno y la oposición sobre las finanzas públicas, fundamentos de acuerdos de desarrollo. Estos son urgentes porque el Estado ya no tendrá dinero el último trimestre para pagar sus obligaciones, y necesita ya la aprobación en la Asamblea Legislativa de los $1,200 millones para pagar diversas obligaciones acumuladas. La oposición debería dar sus votos para dicho financiamiento, y después para otros proyectos estimados en $800 millones aproximadamente, si se acuerda un plan para hacer sostenible las finanzas públicas a mediano y largo plazo, y para fortalecer la institucionalidad democrática del país. Estos acuerdos se constituirían en el fundamento de los nuevos Acuerdos de Desarrollo.

La sostenibilidad de las finanzas públicas, y de la deuda en particular, requiere, en primer lugar, evitar los inminentes impagos, y un ajuste radical con enormes consecuencias económicas, sociales y de gobernabilidad. Si esto sucediera el gobierno y el país entero pagaría sus consecuencias, en medio de la agudización de la crisis y de la radicalidad del ajuste fiscal y de la confrontación social y política, que conducirían a una crisis generalizada. Por eso se necesita la aprobación urgente para la contratación de $1,200 millones, con una rigurosa condicionalidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

La sostenibilidad de las finanzas públicas conlleva: 1. una ley de responsabilidad fiscal con condicionalidades de estricto monitoreo y cumplimiento; 2. acuerdos sobre la modernización de la hacienda pública y el cumplimiento estricto de sus leyes y reglamentos; 3. el aumento de ingresos fiscales y recortes de gastos y subsidios en el diseño y ejecución presupuestaria en los próximos tres años. Por el lado de los ingresos deberá contemplarse el aumento diferenciado del IVA y medidas compensatorias a familias de menores ingresos, y por el lado del gasto la eliminación de los subsidios de energía y gas a sectores de ingresos medios, y recortes y contención obligatoria del gasto en los tres poderes del Estado; 4. reforma fiscal integral priorizando la reducción de la evasión y elusión fiscal, la incorporación progresiva del sector informal al formal, incorporando primero a los negocios grandes y medianos; el impuesto predial comenzando con el estrato más alto; y la reestructuración de la deuda de las municipalidades y modernización de sus finanzas; 5. reforma al sistema de seguridad social y al sistema de pensiones público y privado; 6. estrategia de competitividad y crecimiento priorizando la creación de confianza y certidumbre, y el impulso de los grandes proyectos estratégicos, el desarrollo de la zona oriental y el cultivo de cientos de miles de manzanas de tierras ociosas con productos y servicios rentables, impulsándose así la transformación y el crecimiento sostenido de la economía; 7. reestructuración/refinanciamiento de una parte de la deuda privada interna y pública externa mejorando su perfil, y constitución de un fondo público-privado para financiar los grandes proyectos de infraestructura, logística y desarrollo agropecuario, que aseguren la inversión y el crecimiento.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática requiere la negociación y elección de funcionarios capaces, honestos, valientes y lo más independiente posible: el procurador de Derechos Humanos, tres magistrados de la Corte de Cuentas, magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, siete magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura que propondrá 15 candidatos para elegir a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (2018).

Proponemos 4 criterios que deberían estar presentes en la negociación para un eventual acuerdo fiscal: incluir todos los temas relevantes que afecten las finanzas públicas; proteger a los más pobres y vulnerables; evitar un ajuste recesivo que afecte la inversión y el crecimiento del que depende, en gran parte, la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas; vincular y condicionar la aprobación de los $1,200 millones a la estrategia y acuerdos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, y sobre el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La mediación y monitoreo de los acuerdos de Naciones Unidas, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, serían fundamentales.

Se necesitará mucha visión de país, mucha actitud de estadistas y mucho pragmatismo de negociadores y decisores para lograr la negociación exitosa y el gran acuerdo que el país requiere. La sostenibilidad de las finanzas públicas y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática deberá orientar estos acuerdos que se constituirían en los Acuerdos de Desarrollo, un cuarto de siglo después de los Acuerdos de Paz.

Tags:

  • finanzas
  • acuerdo
  • sostenibilidad
  • ajuste

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