Lo más visto

Más de Opinión

Lucha contra la corrupción: avances y retrocesos

Ahora, al fin, existe una Fiscalía General de la República dispuesta a combatir la gran corrupción.
Enlace copiado
Lucha contra la corrupción: avances y retrocesos

Lucha contra la corrupción: avances y retrocesos

Lucha contra la corrupción: avances y retrocesos

Lucha contra la corrupción: avances y retrocesos

Enlace copiado
La realidad no evoluciona linealmente. La dinámica social se desarrolla por medio de avances y retrocesos. En materia de lucha contra la corrupción e impunidad, estamos asistiendo a un momento histórico donde, tanto a nivel internacional como nacional, hay más avances que retrocesos.

En nuestro país están habiendo avances, producto al menos de cuatro factores. En primer lugar, el empuje que está recibiendo la lucha contra la corrupción a nivel internacional. Sea esto producto del interés genuino de combatir este flagelo, sea por conveniencias o intereses determinados (la necesidad de evitar el soborno para impedir el acceso a secretos militares, o el mayor control de los flujos financieros para evitar el accionar del narcotráfico o de los terroristas).

En segundo lugar, la opinión pública y los medios de comunicación están más abiertos e interesados en la temática. Hace 15 o 20 años los hechos de corrupción no estaban en las noticias. Hoy en día, es una noticia casi semanal. A tal grado pesa el tema en la opinión pública, que la corrupción ya aparece en las encuestas como un factor de valoración del desempeño gubernamental y partidario. Sin duda se está convirtiendo en un tema de importancia electoral.

En tercer lugar, vinculado a lo anterior, la sociedad salvadoreña, especialmente la juventud, es ahora más exigente, más informada, menos tolerante hacia la corrupción, más indignada. Sobre todo en un país y en un momento donde los recursos son escasos, en medio de una crisis fiscal, donde se dice que el dinero no alcanza (pero sí alcanza para que altos funcionarios pasen a mejor vida), y donde desfila el despilfarro, los gastos alegres y las licitaciones públicas amañadas. Frente a ello, están brotando organizaciones ciudadanas, todavía poco conectadas y articuladas, que se alistan poco a poco para combatir eficientemente la corrupción y la impunidad.

Finalmente, hay avances en la institucionalidad democrática y de control. Contamos con una Sala de lo Constitucional, calificada e independiente, que ha venido poniendo límites constitucionales a prácticas/hechos opacos que derivaban en corrupción (por ejemplo la sentencia de inconstitucionalidad del castrante reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, la sentencia sobre los gastos discrecionales de Casa Presidencial, y la más reciente sobre los viajes y gastos de publicidad del expresidente Funes). Se dispone de una mejor correlación de fuerzas dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha permitido reactivar la Sección de Probidad, y a esta avanzar en relevantes casos de enriquecimiento ilícito. También contamos con un Instituto de Acceso a la Información Pública, cuyo saldo de resoluciones es más positivo que negativo. Ahora, al fin, existe una Fiscalía General de la República dispuesta a combatir la gran corrupción. La llegada del nuevo fiscal y su equipo de trabajo han levantado muchas esperanzas, así como hecho retroceder el fatalismo y frustración en importantes segmentos de la población. En conclusión, contamos con un “pedazo” de institucionalidad que sí funciona y sí acompaña la lucha contra la corrupción e impunidad.

Pero los avances producen resistencias y pueden ocasionar retrocesos. Hay fuerzas retrógradas que quieren diezmar el buen desempeño de la Sala de lo Constitucional, que intimidan al fiscal, que acusan de golpista a los que buscan combatir la corrupción, o califican de injerencia los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por ayudarnos a combatirla. Tenemos una Corte de Cuentas y un Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) acéfalos que quiere ser controlados por intereses partidarios, un Tribunal de Ética que no hace su tarea, una Secretaría de Transparencia que funge como órgano de propaganda partidaria, que encubre más que descubre, una Asamblea que no da ejemplo de austeridad, etcétera. Habrá por tanto que incrementar la organización y lucha ciudadana para que, entre otras cosas, la institucionalidad conquistada en la CSJ no sea revertida en 2018, para que la pendiente elección de las autoridades de la Corte de Cuentas y del CNJ responda a los intereses de la ciudadanía y no los partidarios. En fin, necesitamos una ciudadanía activa que frene estos potenciales retrocesos.

Lee también

Comentarios