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Luego es tarde

Tenemos institucionalizada la impunidad. Cualquier funcionario y ciudadano comete faltas y delitos y no pasa nada. La probabilidad de ser castigado es nula.
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Para comentar los últimos sucesos en la Asamblea Legislativa obligadamente debe recurrirse al diccionario. El término “institución” se aplica a las normas de conducta y costumbres consideradas importantes para una sociedad. Se aplica también a las organizaciones particulares y formales de Gobierno y servicio público, y se traduce en instituciones normas, instituciones de derecho, instituciones políticas. Todo esto tiene que ver con Constitución de la República, con códigos, con reglamentos, con estructura y organización de Gobierno y más. La institucionalización se concibe como “la sumisión de un individuo a un régimen de vida”, es la acción de convertirlo algo oficial. Y esto, para bien o para mal.

¿Y cuáles son las normas de conducta que tenemos institucionalizadas? ¿Esas a las que nos sometemos y consideramos oficiales y “normales”? Tenemos institucionalizada la impunidad. Cualquier funcionario y ciudadano comete faltas y delitos y no pasa nada.

La probabilidad de ser castigado es nula. Y como esto es lo “oficial”, nadie respeta las leyes y menos a instancias “formales” de contraloría. Una cosa es lo que dice el papel. Otra cosa es lo que se hace. Y el ejemplo claro y diario está en la Asamblea Legislativa, en la instancia encargada de “decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar leyes secundarias”.

Los diputados de la fracción aliada con el partido en el gobierno dan muestras de irrespeto a la Constitución y no pasa nada. Salvo en cosas de violencia de género que es la moda, hacen como popularmente se dice “lo que les da la gana”. Y, además, tienen el descaro de preguntar públicamente a quienes los eligieron ¿y qué? Ante esta que es agresión psicológica y moral a todos los ciudadanos, nadie dice nada.

El artículo 244 de la Constitución de la República manda que “la violación, infracción o la alteración en las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley”; y el artículo 245, que “los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causen a consecuencia de la violación de los derechos consagrados en la Constitución”. ¿Quién toma en serio esta disposición?

Y pregunto porque la misma Constitución establece (art. 235) que “todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto... prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga”. Obligadamente debe preguntarse otra vez, ¿han leído la Constitución? Y más, ¿entienden el texto de la Constitución?

Es obligada pregunta porque al escuchar las declaraciones “justificando” la tercera elección de presidente y magistrados para la Corte de Cuentas de la República que dieron diputados de la “fracción gubernamental” ante los medios de comunicación, la gente decente, que es muchísima en el país, no deja de sorprenderse.

No deja de hacerlo porque seguramente muchos de los que estamos fuera de ese recinto privilegiado rápidamente entendimos que los fallos de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento y son inapelables. Así lo dice la Constitución de la República y así vino a recordarlo la relatora de Naciones Unidas. ¿No lo entendieron?

La impunidad tiene consecuencias graves para todo el país. Las alternativas: se pierde el prestigio o se confirma el desprestigio internacional. Y esto tiene repercusiones graves, especialmente cuando los países amigos están comprometidos con el Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho si los primeros que lo irrespetan son los legisladores? Y entonces, ¿qué puede esperarse del resto de funcionarios? Se espera lo que todos sabemos y muchos, muchos tememos: impunidad, mediocridad y corrupción.

Con lo que estamos viviendo, es imposible no hacer un llamado a recuperar el imperio de la ley y, para esto, debemos ocuparnos de la Fiscalía responsable de la “defensa de los intereses del Estado y la sociedad”; de transparentar los partidos políticos porque son “el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno” y de depurar el Órgano Judicial porque “tiene la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal, mercantil, contencioso administrativo”. Y aplica... luego, es tarde.

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