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Magistrados CSJ no partidarios

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La Sala de lo Constitucional resolvió que los magistrados de la CSJ no deben tener afiliación partidaria, limitación que talvez debía limitarse a quienes desarrollan dirección o proselitismo en partidos políticos; pero el verdadero fondo debe ser su identificación con sistemas de gobierno que contradigan nuestra sistema político constitucional o pretendan usar sus facultades para establecer un sistema antidemocrático.

Sería absurdo elegir como magistrado de la Sala de lo Constitucional a un abogado anarquista, que considere que el Estado debe desaparecer o bien un absolutista como lo fueron los monarcas medievales (como Luis XIV, que decía el Estado soy yo) y que como consecuencia considerara que debe prevalecer el totalitarismo o que el gobierno debe estar a cargo de un grupo político que imponga a la comunidad su ideología (marxista, fascista, socialista del siglo XXI, etcétera) en todas las actividades sociales, con una autoridad omnímoda, promoviendo la pérdida de las garantías individuales como la libre expresión del pensamiento, el derecho a la propiedad privada, para convertir al Estado en un auténtico Estado capitalista.

Se debe desconfiar de quienes pretenden una democracia directa, basada en la iniciativa popular, cuyo apoyo se obtiene a base de manifestaciones para atemorizar al pueblo y que buscan justificar sus actuaciones con base en plebiscitos, como se intentó en Honduras hace unos diez años y se hizo en Venezuela con Chávez, o como Maduro que bajo la apariencia electoral creó una asamblea constituyente que desconoció la asamblea legítima; o bien con el dominio del poder ejecutivo sobre el judicial con resoluciones impuestas a los tribunales constitucionales.

La Sala de lo Constitucional es la principal defensora de nuestra institucionalidad; y sus magistrados no deben pertenecer a ningún partido que tenga como finalidad el totalitarismo, unipersonal o en un grupo, que lo excluía la Constitución de 1950 condenando doctrinas anárquicas o contrarias a la democracia (aludiendo al comunismo); y, con mayor razón a quienes con tales doctrinas pretendan violar la Constitución, en especial los art. 83 al 89 Cn., que reconocen que la soberanía reside en el pueblo, que el gobierno es republicano, democrático y representativo, que el sistema político es pluralista, que los órganos del gobierno ejercerán sus funciones independientemente, prohibiendo de forma absoluta su delegación para evitar el totalitarismo, repitiendo la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y otras no menos importantes.

Nuestra Constitución establece que en la CSJ deben estar representadas las principales corrientes del pensamiento jurídico, pero lógicamente dentro de los límites de nuestra Carta Magna, lo que significa la no intromisión de los funcionarios en campos que corresponden a otros, la no dependencia de nadie, excepto del derecho fundamentado en la democracia reconocida por nuestra Constitución, y sobre todo en el respeto auténtico de las normas que nos rigen, no aprovechando la democracia para destruirla desde adentro.

El Consejo Nacional de la Judicatura deberá escoger quince candidatos para proponerlos a la Asamblea Legislativa, junto con los quince electos por las asociaciones de abogados del país, para que de esos treinta candidatos la nueva Asamblea Legislativa elija cinco magistrados propietarios y suplentes, por el plazo de nueve años, incluyendo cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, por lo que dicho organismo debe seleccionar a sus candidatos con base en su capacidad, experiencia y honradez, no olvidando que para ellos no puede existir ningún tipo de identificación ideológica contraria a los principios constitucionales que establecen que el gobierno es republicano, democrático y representativo, que las funciones de sus órganos son independientes e indelegables y demás características requeridas a los funcionarios públicos y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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