Mal comienzo en etapa final de elección de CSJ

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En estos días está teniendo lugar un acontecimiento clave para el Estado de derecho, como es la última etapa de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es cuando interviene la Asamblea Legislativa para finalmente elegir a 5 magistrados propietarios y 5 suplentes para los próximos 9 años. El problema es que desde ya se advierten algunos retrocesos en el proceso, siendo imprescindible su corrección.

Dicho Órgano de Estado recibió una lista de 30 candidatos, proveniente de las dos fases previas: de la elección del gremio de abogados organizada por la FEDAES, y de la selección que hizo el CNJ. A partir de dicha lista, los diputados deben elegir a los nuevos magistrados. Para esto no basta tener la mayoría de votos de diputados requerida, sino que existen obligaciones que tienen que cumplirse. Se debe elegir a las mejores personas, es decir, aquellas que tienen inequívocamente el perfil de idoneidad: independientes de los partidos políticos, con conocimientos jurídicos suficientes, con una destacada trayectoria profesional y personal, honorables y libres de cualquier cuestionamiento ético. Además, deben tener temperamento judicial, es decir, el carácter suficiente y la firmeza para desempeñarse libres de cualquier presión o influencia.

Esto no será fácil, ya que estamos presenciando un deterioro acelerado de la democracia y un desmantelamiento de las instituciones de control. Sin embargo, si hubiera congruencia y genuina convicción en la Asamblea Legislativa de que no se cometerán y repetirán prácticas cuestionadas del pasado, altamente criticadas por el oficialismo, tales como elegir a funcionarios de instituciones de control sin independencia de los partidos y sin las cualidades para ejercerlo; entonces deberían elegir por mérito, honorabilidad e independencia.

El proceso iniciado en la Asamblea Legislativa no pinta bien. No se permitió la participación activa de la ciudadanía ni observadores en las entrevistas. Las preguntas son insuficientes y mal formuladas, pues no posibilitan profundizar en la trayectoria y pensamiento de los aspirantes. Muchas de ellas lo que buscan es medir la simpatía del candidato con las acciones que ha impulsado la bancada oficial, como, por ejemplo, si se está de acuerdo con los desmanes del pasado 1 de mayo que significaron un golpe a la Constitución. Este tipo de preguntas ha puesto en evidencia al menos dos aspectos: candidatos que buscan congraciarse con los diputados y que les tiene sin cuidado renunciar a todo principio y convicción democrática; y, por otra parte, candidatos que sabiendo que se exponen a no ser electos, demuestran que tienen dignidad, principios sólidos y un claro respeto a la Constitución.

Después de las entrevistas vendrá la deliberación, en donde debe haber publicidad, conocerse los criterios en que se basan y posteriormente tienen que argumentarse las razones de por qué quienes se eligen son los mejores y cumplen el perfil.

La legitimidad de ejercicio en una democracia implica respetar la Constitución y es por ello que debe conducirse un proceso que se oriente a lograr la idoneidad e independencia de los magistrados de la CSJ. Si se hace lo contrario y se persigue cooptar la justicia para acumular ilegítimamente poder, el Estado de derecho se alejará cada vez más de El Salvador y las libertades estarán más desprotegidas.

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