Más acción y menos leyes

En agosto del año 2003, el entonces presidente de la República anunció que ejercería duras acciones contra las pandillas y que, entre otras cosas, emitiría una nueva ley que supuestamente ayudaría a combatirlas. Se hablaba entonces de la llamada “Ley Antimaras”.
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Desde entonces, en este mismo espacio criticamos la emisión de leyes que en realidad no tenían la intención de combatir conductas criminales, sino que se limitaban a enviar mensajes intimidatorios a quienes se separaban del ordenamiento legal, sin que ello fuera acompañado de una verdadera política de Estado que intentara eliminar el problema en su total dimensión.

Cuestionamos duramente la Ley Antimaras, como cuestionamos si la misma era simplemente un instrumento de política partidista. Con todo y nuestro escepticismo, hicimos ver que de todas maneras, la solución del problema no estaba en la emisión de nuevas leyes, pues aunque en algunos casos era necesario, de nada servirían si no existía una firme intención de aplicarlas y si no se generaba una verdadera coordinación interinstitucional.

Desde 2003 abogamos porque el Gobierno de turno combatiera las pandillas aplicando las leyes vigentes. Más acción y menos leyes pedimos entonces; ahora hacemos la misma petición.

Pensamos que se ha dado un paso importante al reconocer la magnitud del problema de la inseguridad. El solo hecho que se haya comenzado a abandonar el discurso de que el fenómeno delincuencial y de las pandillas es un tema de percepciones o de difusiones antojadizas de algunos medios de comunicación ya abona en la búsqueda de la solución. Y es que si no se parte por reconocer la existencia de un problema, no hay manera en el mundo de eliminarlo.

También se da un paso importante cuando se hace un llamado a la unidad. La dimensión del problema es tal, que no puede ser manejado de forma exclusiva ni mucho menos excluyente, por parte del Órgano Ejecutivo. Se necesita la participación de los 3 Órganos del Estado, de la empresa privada, de la sociedad civil, las iglesias y en fin, de la ciudadanía en general.

Pero el llamado a más acción lo hacemos porque a pesar de que entendemos y acuerpamos la adopción de medidas que preferimos calificar de “diferentes” en lugar de “extraordinarias”, lo cierto es que varias de las medidas anunciadas se han podido adoptar desde mucho antes y sin necesidad de tanta parafernalia.

En efecto, la Ley Penitenciaria ya prevé en el art. 23, que puede existir un Estado de Emergencia decretado en Centros Penitenciarios. Esto puede ocurrir –según la ley– en situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, actos de indisciplina de internos, desórdenes colectivos y otros. Decretar ese Estado de Emergencia no requiere más que la decisión del director del Centro Penitenciario correspondiente, y la posterior confirmación de la Dirección de Centros Penales. No se requiere intervención de la Asamblea Legislativa para tomar una decisión de esta envergadura.

Dice la ley que de adoptarse tal decisión, se pueden suspender a los reclusos el derecho de libertad ambulatoria, el derecho a obtener información escrita, televisiva o radial, el derecho a mantener relaciones de familia y del derecho a disponer de espacios adecuados para la realización de visitas familiares e íntimas.

Esto implica que varias de las restricciones que hoy se plantean han podido ser decretadas desde antes, sin necesidad de pedir la participación de la Asamblea Legislativa, sin confrontar con el Órgano Judicial y sin pretender descargar responsabilidades en las empresas prestadoras del servicio público de telefonía.

Hacemos eco del llamado a la unidad y apoyamos los esfuerzos por combatir la delincuencia, pero al mismo tiempo exigimos que las autoridades hagan uso de las herramientas legales y recursos, que ya tienen a su alcance. No queremos estar diciendo lo mismo en 2029.

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