Más allá de los incidentes escandalosos, lo más grave es el quebranto a la legalidad y a la institucionalidad

El Estado, en todas sus expresiones y manifestaciones, tiene que actuar conforme a las normas que lo rigen y en función de los intereses de aquéllos que le dan la representación, que son los ciudadanos.
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Las imágenes hechas públicas de las “pornofiestas” en penales en los que estaban recluidos miembros relevantes de las pandillas durante la llamada “tregua” que se inició a comienzos de 2012 han generado, como era de esperarse, una amplia serie de reacciones, porque se grafica una vez más, y con lujo de desfachatez, lo que se ha venido dando en el sistema penitenciario desde hace tiempo, y más cuando los arreglos turbios con grupos delincuenciales o con personeros de los mismos tomaron fuerza. Lo ocurrido durante la tristemente célebre “tregua entre pandillas” está bajo investigación fiscal, porque sin duda se trata de una serie de acontecimientos que no sólo vulneraron gravemente el orden establecido sino que contribuyeron al fortalecimiento del crimen organizado.

La ciudadanía está en su pleno derecho de conocer a profundidad y con detalle lo que se decide desde las esferas del poder que ejercen sus representantes; y, por ende, no hay excusa válida para dejar incidentes o detalles en la sombra. La “tregua” fue, sin duda alguna, un recurso que las autoridades del momento quisieron usar para generar imagen de eficiencia en la reducción de las muertes violentas, y a la vez una estratagema que activaron las pandillas para ganar ventajas de diversa índole, tanto en los reclusorios como en el terreno. Fue muy significativo que, en aquel momento en que surgió la “tregua” con bombo y platillo, no se pusiera el debido énfasis en la verdadera naturaleza del trato, ya que en él en ningún momento se habló de reducir las muertes de personas ajenas a las estructuras delictivas ni se dijo absolutamente nada sobre lo que es el más grave flagelo cotidiano para gran cantidad de gente honrada: la extorsión.

La “tregua” fracasó, como era previsible; pero sus lecciones están ahí, y deben ser asimiladas como tales, para no repetir extravíos como aquél. En primer lugar, la institucionalidad y los funcionarios que la gestionan deben hallarse, en todo caso y circunstancia, comprometidos sin reservas ni sesgos con el cumplimiento de su deber, bajo la línea de la ley. Los intereses políticos no están autorizados para ponerse por encima de aquélla, bajo ningún pretexto. Y cuando hoy, frente a los cuestionamientos a funcionarios concretos de entonces, se pide respeto para los mismos, habría que partir de una obligación elemental, que no permite excusas: la obligación que tienen los funcionarios de ganarse el respeto con sus actitudes y con sus acciones.

A estas alturas, cuando la criminalidad sigue ganando posiciones en el entorno y cuando frente al orden legal se erige el desorden delincuencial como un poder que pretende tener el mismo rango, es absolutamente indispensable que el imperio de la legalidad se haga valer al pie de la letra y sin reserva posible. Con los que delinquen no puede haber ningún tipo de acuerdo; y a los que dejan inequívocamente de delinquir se les deben aplicar políticas responsables y seguras de reinserción. El Estado, en todas sus expresiones y manifestaciones, tiene que actuar conforme a las normas que lo rigen y en función de los intereses de aquéllos que le dan la representación, que son los ciudadanos.

Estamos en una coyuntura nacional en la que desde los diversos ámbitos ciudadanos hay una presión cada vez mayor para que el poder se controle y la ley se fortalezca. Esto es un signo muy prometedor, que habría que potenciar al máximo. Hay mucho por corregir y mucho por reorientar, y la tarea pendiente al respecto ya no admite dilaciones ni disimulos.

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