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Más represión para condenados por delitos a la PNC y FAES

La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles pasado disposiciones especiales que endurecen las penas para las personas condenadas por delitos contra miembros de la PNC, FAES, custodios penitenciarios y miembros de la FGR como del Órgano Judicial; la votación final fue de 52 de 79 diputados presentes.

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Puedo resumir las disposiciones penales y administrativas de la manera siguiente:

* Plazo de investigación de los crímenes se reduce, no podrán exceder los tres meses prorrogables en delitos comunes y de seis meses en delitos de crimen organizado.

* Los condenados por estos delitos no podrán tener acceso a ningún beneficio penitenciario.

* Régimen especial penitenciario a los capturados, confinados en celdas especiales, no derecho a visitas, y los defensores se comunicarán en recintos habilitados.

* Se debe de aprobar y ejecutar protocolos de seguridad para los involucrados en las disposiciones.

* Los funcionarios podrán solicitar medidas de protección al juez de Paz para ellos o sus familias hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

* Los familiares de funcionarios fallecidos “deberán gozar” de atención psicológica, becas de estudios para hijos, vivienda y trabajo para el cónyuge.

Debilidades de las medidas:

* Estas disposiciones tienen a su base endurecer las medidas a los condenados, pero es del conocimiento que la mayoría de estos homicidios contra estos funcionarios detallados tienen altísimos niveles de impunidad, ya que no se logra la captura de los involucrados, en ocasiones no hay indicios de los posibles involucrados, y como involucra acciones de crimen organizado son delitos de realización compleja con estructuras amplias. Y es este punto la principal debilidad y efectividad de estas disposiciones aprobadas, y que por cierto ya no están gozando del apoyo y respaldo de todos los partidos políticos representados en el parlamento.

* En la mente criminal una ley, decreto o similar no tienen mayor impacto en la prevención y disuasión del delito, se puede comparar con cadenas perpetuas o pena de muerte, no reducen los crímenes, ni la compulsión criminal.

* Son medidas que “obligan” al Estado a proporcionar beneficios a los compañeros de vida, esposas e hijos de policías, militares o custodios de centros penitenciarios que sean asesinados pero carecen de una fuente de financiamiento seguro, utilizando términos como “se podrán”, hace referencia al impuesto especial para la seguridad y presupuesto del fondo general de la Nación por lo que no define partida específica y por lo tanto no cumple con la Ley de Responsabilidad fiscal.

Es necesario trabajar y reforzar las medidas de auto cuido y prevención para todos estos funcionarios, ya que la mayoría han sido asesinados en tiempos libres; los jefes y mandos directos deben de cumplir un programa diario de concientizar a sus colaboradores, y brindarles apoyo. La FGR debe ser respaldada con mayores recursos financieros para que conformen más equipos especializados de fiscales para que eviten y combatan la impunidad de estos crímenes. Ya que el Estado salvadoreño no cumple en la actualidad con la obligación de proteger la vida, integridad física, moral y derechos humanos de sus habitantes. Los crímenes contra los funcionarios no se combaten, disminuyen o erradican con leyes o decretos.

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