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Más sobre el aborto “terapéutico” en Nicaragua

La puerta de entrada al aborto libre es el aborto “terapéutico”. En Nicaragua esta figura fue abusada a tal extremo que el aborto prácticamente se convirtió en método de planificación; “curaba” un embarazo no deseado.
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Poco importaba que para “curar” a una embarazada se descuartizara, quemara o envenenara al hijo que llevaba en su vientre.

El artículo del Código Penal que autorizaba el aborto “terapéutico” permitió que se cometieran 36,000 abortos anuales, según escandalosas cifras brindadas por líderes feministas. Afirmaban que estos datos provenían del Ministerio de Salud (1996) (http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2000/junio/04/opinion/opinion-20000604-08.html).

Las clínicas de aborto surgieron a principios de los años noventa a la salida del primer gobierno sandinista. Prosperaron y proliferaron gracias al apoyo económico de poderosos países y organizaciones internacionales que tenían interés en “cooperar” con Nicaragua para “mejorar” la situación y la “salud” de las nicaragüenses. En estos centros se ofrecían servicios de “salud sexual y reproductiva”. Fueron equipados y mantenidos con fondos de la cooperación externa.

Muy pronto se extendió el rumor de que en estas clínicas se practicaban abortos a petición con un costo aproximado de $100. Era vox populi.

Las abortistas explicaban a las mujeres que tenían derecho a preservar su salud, siendo esta “el completo bienestar físico, mental y social”. En ese sentido amplio, se podría abortar por cualquier causa.

Las activistas proaborto, seguras y amparadas por el “aborto terapéutico” tal como existía, publicaban folletos como “¿Qué es el aborto?” de la ONG Mujer y Familia, auspiciado por NORAD (cooperación noruega), en el que tranquilamente indicaban: “El aborto terapéutico contemplado en el artículo 165 de la Norma Penal debe contar con la autorización (firma) de tres médicos (…) y el consentimiento del pariente más cercano. Podríamos entender, entonces, que cualquier mujer puede acudir a una clínica para que valoren su situación, obtener las firmas y que se le practique el aborto de manera legal sin incurrir en delito alguno”. ¡Incitaban a cualquier mujer, no a la que estuviera en peligro de muerte!

¿Cómo podían algunos médicos colaborar con este mezquino negocio prestándose a realizar actividades delictivas? Lamentablemente los salarios de un médico especialista en esos años oscilaba entre $140 y $160 al mes. Como decimos en buen salvadoreño, “la necesidad tiene cara de chucho”. Las clínicas no solo practicaban abortos. Daban consultas, asesoría, realizaban exámenes y otros servicios, lo que les daba apariencia de legalidad.

Ante tantos abusos, en junio de 2000, se dio un intento de parte del Gobierno de cerrar uno de estos centros, Sí Mujer, luego de haber sido acusadas sus médicas de “ser asesinas” por el periodista Luis Mora. Los donantes intervinieron protestando enérgicamente. El gobierno liberal se retractó.

El pueblo nicaragüense se fue concientizando del horror del aborto. El resto es historia: 200,000 se manifestaron en contra del aborto “terapéutico” en una apoteósica marcha, y 300,000 firmas legales y verificadas fueron presentadas al Congreso solicitando la eliminación de la figura del Código Penal. La Asamblea lo prohibió en 2006.

La internacional abortista, ONU, Suecia, países nórdicos, CIDH y Amnistía Internacional han presionado y amenazado reiteradamente a Nicaragua exigiendo la restitución del aborto “terapéutico” a pesar de la sustancial reducción de muertes maternas: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article42686.

El gobierno del presidente Ortega ha rechazado la injerencia haciéndoles saber que su misión es hacer cumplir la voluntad del pueblo.

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