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Medidas de control contra la corrupción

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Los costos ocasionados por la corrupción en muchos países han motivado la firma de una serie de acuerdos internacionales para combatirla.

La Organización de Estados Americanos patrocinó, por ejemplo, la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), de la cual forma parte El Salvador, desde 1996. De igual manera, en el seno de Naciones Unidas se firmó una Convención contra la Corrupción, en el año 2003, la cual entró en vigor en 2005.

A partir de la renovada conciencia mundial sobre la gravedad de la referida problemática, El Salvador contó con financiamiento y apoyo internacional para elaborar un andamiaje jurídico básico para enfrentarla; de ahí tenemos que el 15 de mayo de 2000 entró en vigor la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública –LACAP– que regula los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios donde se ven comprometidos fondos públicos.

El 1.º de julio de 2006 entró en vigor la Ley de Ética Gubernamental que establece parámetros de conducta a los servidores públicos en el desempeño de sus labores cotidianas, creándose, a la vez, una instancia administrativa especializada para conocer denuncias en esta materia.

El 8 de mayo del año 2011, se incorporó al ordenamiento jurídico vigente la Ley de Acceso a la Información Pública, abriéndose con ello la gestión de las entidades gubernamentales a un mayor escrutinio ciudadano, pretendiéndose simultáneamente reducir el espectro de información considerada reservada por el Gobierno.

El 16 de diciembre del año 2015 se incorporó al marco normativo del país la Ley de Probidad, retomándose con ello la obligación de declarar cuál era el patrimonio de las personas cuando fueron nombrados funcionarios, por un lado, y cuando cesaron en sus cargos, por el otro.

A pesar de toda esta parafernalia jurídica para prevenir la corrupción local, con frecuencia conocemos sobre nuevas investigaciones, judicialización de procesos, capturas, allanamientos y del secuestro de documentación para recabar evidencias sobre enriquecimiento ilícito o peculado, por ejemplo.

En pocas palabras, el marco legal es importante, pero no suficiente para evitar el abuso en el ejercicio de la función pública.

Es más, si estas prácticas se están descubriendo hoy, puede pensarse que sucedieron también en el pasado, especialmente, porque antes se manejaban partidas secretas y las transferencias presupuestarias no requerían del concurso de la Asamblea Legislativa.

Esta sospecha se fundamenta, además, en el hecho que, de tres los expresidentes investigados por la FGR, para todos han hallado mérito para procesarlos judicialmente; es más, tal situación parecería comprobar que la corrupción carece de ideología; sin embargo, puede ser que me esté adelantando a los acontecimientos; habrá que esperar a que el ministerio público presente la fundamentación fáctica de los delitos denunciados o que las personas acusadas salgan libres por falta de pruebas.

Aunque celebramos que la FGR esté protegiendo los intereses del Estado, daría la impresión que los titulares anteriores fueron mucho más conservadores en su labor o que las circunstancias han cambiado favorablemente y que la presión social, incluyendo la ejercida por los medios de comunicación, como este rotativo, están contribuyendo para que esto se dé.

Ahora bien, debemos ser categóricos aquí, la corrupción no puede erradicarse por completo; aunque sí puede prevenirse y conculcarse, significativamente, cuando el riesgo para los funcionarios de ser descubiertos, procesados y sancionados aumente; para ello hay que ampliar la transparencia en la administración pública, así como los espacios para la contraloría ciudadana. Caso contrario, dependeremos exclusivamente de la entereza moral de los titulares de la FGR y ni de la Corte de Cuentas de la República para combatirla.

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