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Medidas difíciles

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La ciudadanía ha estado al margen de las decisiones y políticas públicas adoptadas en El Salvador de 1992 a la fecha. Esa forma de gobernar explica –en gran medida– las principales tendencias del último cuarto de siglo: (1) centralismo, (2) corrupción y (3) falta de oportunidades a nivel local. Estos desaciertos se fueron acumulando y propiciaron situaciones críticas tales como (i) el tránsito de la violencia política a la violencia delincuencial, (ii) la pérdida del control territorial frente a grupos delincuenciales, y (c) la emigración de miles de compatriotas por la desesperanza existente en sus lugares de origen.

En este contexto, las fuerzas políticas han optado por vedar la construcción de un Plan de País. En otras palabras, los dirigentes y burócratas partidarios han preferido la polarización, la lucha por el control del aparato estatal y la creciente generación de gastos públicos. Estas disposiciones sistemáticas han desfavorecido el clima de inversiones, limitado el crecimiento económico y creado problemas de liquidez e insolvencia fiscal, colocando al país al borde del impago.

Ahora y para salir de la crisis, numerosos ciudadanos le solicitan a las cúpulas partidarias abandonar la polarización y abrazar la conciliación; deponer la confrontación y generar confianza; y renunciar al cortoplacismo y viabilizar un Presupuesto General plurianual. ¿Hay capacidad para hacerlo? Sí. Los dirigentes partidarios tienen la experiencia y sabiduría requeridas para lograrlo. La duda está en su voluntad para hacer de El Salvador un poder compartido, a través de la acción conjunta y el logro de objetivos comunes. Así las cosas, aquí se presentan varias medidas que los gobernantes podrían considerar para sacar adelante el país.

Medida 1. Reducir el gasto público y mejorar la recaudación tributaria. Esta vía es prácticamente ineludible dada las insuficiencias de las finanzas públicas. Consecuentemente, es conveniente que los contribuyentes exijan la rendición de cuentas. Otras medidas complementarias serían: (a) renegociar la deuda externa, (b) congelar un porcentaje sensato de los gastos corrientes del Presupuesto General de 2017 a 2019, y (c) priorizar la atención a la población más vulnerable.

Medida 2. Tomar acciones positivas para generar más confianza en los gobernados y la comunidad internacional. Por ejemplo: (i) suscribir un acuerdo entre los partidos políticos y la Presidencia de la República para facilitar la participación ciudadana en las políticas públicas y depositarlo en la ONU; (ii) incorporar en los convenios de préstamos externos (BCIE, BID, BIRF, KFW y otros) la puesta en marcha de mecanismos de cooperación pública-privada para solucionar problemas sociales que ningún sector puede resolver solo.

Medida 3. Explicar a los contribuyentes cómo se incrementarán los ingresos públicos y qué gastos se reducirán en los próximos tres años. El punto es dar certidumbre a los agentes económicos y transparentar la gestión pública. Esta medida es difícil de ejecutarla en una atmósfera electoral (2017-2019), pero el costo político de no hacerlo es mayor.

Conclusión: después de evitar el impago, El Salvador tendrá dos retos. Uno, mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos (incluyendo la aplicación de la ley). Dos, ampliar las oportunidades de los jóvenes para estudiar y trabajar localmente. Se requiere, entonces, un liderazgo democrático que sustituya la polarización por la acción pública-privada para reducir el desempleo y la pobreza en los catorce departamentos del país.

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  • ciudadania
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