Medidas ¿extraordinarias?

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José Andrés Oliva Cepeda / Licenciado en Economía con Master en Finanzas

José Andrés Oliva Cepeda / Licenciado en Economía con Master en Finanzas

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Con un decreto legislativo aprobado en abril de 2016, a propuesta del Órgano Ejecutivo se llevaron a la práctica “medidas extraordinarias” para elevar el control en los centros penitenciarios del país. En febrero de 2017, la Asamblea Legislativa volvió a ratificarlas. Ante su vencimiento en abril próximo, el 25 de enero de este año, se presentó nuevamente a la Asamblea la petición de otra ratificación, para su extensión por un año más.

En contexto, la delincuencia le cuesta al país una cantidad enorme de recursos, que equivalen al 16 % del PIB (1). En términos de vidas humanas, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, se ubica en aproximadamente 81 (2) para 2016. Esta cifra, aunque es menor al registro de 2015 cuando alcanzó 108.6 (3), es la más alta en América Latina (4).

La atención para atender esta grave situación se ha centrado en dichas medidas. En el art. 2, del decreto en cuestión se lee: “En aquellos casos en que se tengan indicios de actos de desestabilización por parte de alguna organización proscrita por la ley”, se establece que se podrán adoptar medidas como: estricto control de visitas, lo que incluye su prohibición, limitación de la libertad ambulatoria y actividades para la reeducación, traslado de reos peligrosos a celdas con mayor reclusión, suspensión de audiencias judiciales presenciales, etc. También contempla cortar la comunicación, con celulares u otros dispositivos, dando potestad a la SIGET para multar a las empresas que proveen las señales, etc.

Las tendencias de los delitos más importantes de los últimos años muestran un efecto sobre los homicidios y las extorsiones, que, sin embargo, no ha implicado una corrección estructural que detenga su incremento. Durante 2016, luego de que los homicidios se redujeron de 738 en enero a 352 (5) en abril, han mostrado un continuo ascenso, algo que la política pública debería pretender disminuir. También, la variación alrededor de dicha tendencia es más alta a la experimentada durante periodos anteriores como la tregua.

La disminución en las extorsiones se está revirtiendo y otros hechos, como los robos y hurtos, han aumentado, lo que indica, por un lado, que el efecto de la política pública sobre las extorsiones se ha debilitado, y por otro que los delincuentes cambiaron de modalidad. Desde abril de 2016 a abril de 2017, si bien las denuncias por extorsiones bajaron, desde entonces a la fecha, partiendo desde 97 en abril de 2017 a 124 en diciembre pasado, es decir, durante los últimos siete meses, han aumentado. Asimismo, los robos y los hurtos se acrecentaron en todo el periodo. Las denuncias sobre estos últimos, pasaron de 480 en abril de 2016 a 593, en diciembre pasado.

Es preciso reconsiderar ampliamente los aspectos que influyen en la violencia, que evidentemente estas medidas, aunque han sido llamadas extraordinarias, no han abordado. Más que una aproximación concentrada en las cárceles, es necesario contemplar su panorama completo e integral porque, sobre todo, a mi modo de ver, se está lejos de crear capacidad contundente de renovación, la cual el fenómeno a corregir sí manifiesta. Solo así podrían estar, no solo fuera de lo ordinario, sino en lo efectivo.

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(1) “Estimación del costo de la violencia en El Salvador”, abril 2016, Margarita Peñate, BCR

(2) https://www.insightcrime.org/news/analysis/insight-crime-2016-homicide-round-up/

(3) https://data.worldbank.org/indicator/

(4) https://www.insightcrime.org/news/analysis/insight-crime-2016-homicide-round-up/

(5) www.fundemospaz.org.sv/ y http://transparencia.pnc.gob.sv/?p=1062

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