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¿Medidas ordinarias o extraordinarias?

Los planes o medidas que ha tomado el Gobierno para combatir la violencia en los primeros días de abril han tenido la aprobación de unos y la crítica escéptica de otros.
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¿Medidas ordinarias o extraordinarias?

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Los funcionarios de Seguridad Pública nos han presentado como especiales o extraordinarias las medidas que han comenzado por el control de las comunicaciones desde los centros penales y el traslado de los jefes de las maras al centro penal especial de Zacatecoluca.

Pero los críticos y detractores del Gobierno han afirmado que dichas medidas no son nada extraordinario, porque lo que están haciendo es simplemente cumpliendo con la ley. Y le agregan, además, que esto lo deberían de haber hecho hace ya varios años. Pero hay una gran mayoría, para la cual estas medidas abren un rayo de esperanza y las exclamaciones son de que por fin se están tomando medidas efectivas en contra de la delincuencia.

Independientemente de si estas medidas son ordinarias o extraordinarias; lo cierto es que son totalmente necesarias. Y eso es lo que importa. Lo que sin duda es extraordinario es el acuerdo logrado en la Asamblea Legislativa con la participación de todas las fracciones partidarias, para obligar a las empresas de telefonía a cooperar con las autoridades de seguridad, cortándoles las señales de comunicación telefónica a las cárceles.

En este tema, ha habido coincidencia de los tres órganos del Estado; pues la Corte Suprema de Justicia avaló las multas aprobadas por la Asamblea Legislativa, de más de 700,000 dólares por día, a las empresas de telefonía que no cumplan con cortar las comunicaciones en los centros penales. Y sí estoy de acuerdo también con los que demandan al Gobierno que cumpla con su parte, controlando efectivamente el tráfico de celulares hacia el interior de las cárceles.

También concuerdo con los que dicen que las medidas tomadas para cortarles la comunicación con el exterior a los jefes de las clicas que se encuentran presos son insuficientes para detener los altos niveles de homicidios y extorsiones. Las autoridades de Seguridad Pública también deben retomar el control territorial en los municipios más violentos y mostrar efectividad en sus planes para recuperar la confianza de la población en la PNC; es decir, lograr el apoyo activo de la sociedad civil en las diferentes acciones concretas de combate a la delincuencia.

Pero para que esta batalla sea efectiva, debe haber una profunda depuración de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia: en los centros penales, en la PNC, en el Ejército, en la FGR, en el sistema judicial.

Es fundamental mantener esa voluntad política común lograda recientemente en la Asamblea Legislativa, que ha logrado la aprobación de 100 millones de dólares para invertir en Seguridad Pública.

Y para reforzar ese espíritu de concertación nacional, al menos en el tema de seguridad, el Gobierno debe de dar el ejemplo con medidas importantes de austeridad, transparencia, honestidad y combate a la corrupción. Con la aprobación e implementación de una Ley de Responsabilidad Fiscal y responder a las peticiones de la oposición, de informar detalladamente sobre cómo se van a gastar los recién aprobados fondos para la seguridad pública.

Tags:

  • seguridad
  • violencia
  • centros penales
  • extorsiones
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