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Mientras el crimen organizado siga teniendo tanto poder en el ambiente será cada vez más difícil hallar rutas de progreso sostenible

Y, desde luego, lo que acaba siendo la peor distorsión es que la institucionalidad se deje someter a los dictados de las fuerzas delincuenciales bajo cualquier apariencia de beneficios de imagen, como ocurrió con la llamada “tregua” de 2012.
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Las organizaciones criminales vienen haciendo de las suyas en el país desde hace ya bastante tiempo, y ese auge que hasta el momento ha sido indetenible de manera significativa ha hecho que se activen iniciativas de control desde las instituciones que están directamente encargadas de asegurar el imperio de la ley y de consolidar los mecanismos del orden. Esto determina que haya un imperioso reclamo de efectividad en todo lo que se refiere a la vigencia del Estado de Derecho. Cuando el crimen toma la preeminencia que ha alcanzado entre nosotros, se va desdibujando el poder de la legalidad, y este trastorno de roles induce a desconfiar de todo, para empezar de la efectividad institucional en el campo de los hechos.

El reclamo de efectividad al que estamos haciendo referencia va creciendo de manera expansiva en el ánimo ciudadano, y es lo que hace sentir que en los distintos planos de la ciudadanía va desapareciendo la indiferencia tradicional y se potencia esa auténtica participación que no depende de las convocatorias de los políticos sino de la naturaleza propia del devenir democrático. En realidad, la democracia representativa para ser verdaderamente tal tiene que fundarse en la participación ciudadana, expresada en la vivencia y en la experiencia cotidianas.

Nada de esto puede concretarse en los hechos si la legalidad está sometida a los dictados de ese poder ilegítimo y destructivo que encarna en la organización del crimen, la cual se va desplegando cada vez más con mayor sofisticación y con más recursos de toda índole. Es por ello que la lucha anticriminal tiene que ser tomada realmente en serio y a fondo, porque el crimen organizado, que tiene múltiples ramificaciones y variadas infiltraciones, ya sabe cómo manejar a su favor las iniciativas parciales y circunstanciales que provienen de la institucionalidad. Y, desde luego, lo que acaba siendo la peor distorsión es que la institucionalidad se deje someter a los dictados de las fuerzas delincuenciales bajo cualquier apariencia de beneficios de imagen, como ocurrió con la llamada “tregua” de 2012. Son los errores que se pagan caros y que no hay que repetir bajo ningún pretexto.

El dilema no es entre “mano dura” y “mano blanda”, como algunos quisieran hacer creer. Aquí en verdad lo que hay que hacer es muy fácilmente identificable: aplicar la ley sin contemplaciones ni excesos, teniendo en cuenta que si el imperio de la legalidad no se recupera como tal nos iremos empantanando progresivamente hasta llegar a la parálisis terminal del sistema. Eso es lo que hay que evitar a toda costa, sabiendo que hay costos políticos en el camino y que no existe saneamiento sin secuelas. Pero también hay que decir que quienes se animen a “tomar el toro por los cuernos” recibirán sin duda la recompensa mayor, que es el reconocimiento de la ciudadanía, hastiada hasta la saciedad de todo lo que pasa.

Si queremos en serio que el país aproveche las oportunidades que se le abren en esta nueva era de globalización y que los desafíos internos puedan ser tratados y resueltos de manera eficiente y sustentable debemos cumplir a cabalidad las tareas que el momento histórico determina. Y la más urgente de ellas es recuperar la seguridad básica, con todo lo que ello representa.

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  • tregua
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