Mil formas de indignarse

A los diputados debo reconocerles que siempre encuentran la forma de sorprenderme y de explorar las mil y una formas de indignarme, formas que ni siquiera yo conocía.
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El 1.º de febrero de 2011, cuando Sigfrido Reyes asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa, en su discurso aseguró: “Quiero comprometerme a impulsar, desde este primer día, medidas que incrementen la TRANSPARENCIA de la gestión legislativa”. En su momento también prometió acabar con los madrugones, esa práctica tan utilizada para hacer pasar por la Asamblea –en horas no hábiles– temas espinosos. Solo para recordar, así se aprobó la dolarización y así se aprobó el TLC con Estados Unidos.

Resulta peor hacer algo malintencionado después de haberse comprometido en no hacerlo, que actuar de esa manera sin haberse comprometido a lo contrario. Denota que la palabra de la persona en cuestión no vale. Y parte de la honestidad de un ser humano radica en honrar su palabra, hacer lo que dijo que iba a hacer.

Pero en el tema que ahora explora una nueva forma de indignación me referiré a las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), aprobadas por las bancadas del FMLN, GANA y el PCN.

Cuando la ley fue aprobada en mayo de 2011 los diputados se llenaron la boca diciendo que esta sería la mejor ley de la región, la que tenía más dientes, la que estaría a la vanguardia. Lo que vino después, muy poco tiempo después, fueron indicios de que el ejercicio de transparencia estaba condenado a fracasar. En mayo de 2011, el presidente Mauricio Funes vetó cinco ternas de propuestas para los comisionados propietarios y suplentes. La elección de estos cargos iba de la mano con la creación del instituto, que es la entidad que tiene a su cargo garantizar el debido cumplimiento de la LAIP, por parte del Estado.

El instituto tampoco gozó nunca de un presupuesto de funcionamiento, y en su momento, el mandatario culpó de la falta de asignación de recursos a la Asamblea.

La falta de esas figuras y del instituto ha permitido que algunas instituciones no abran realmente sus puertas a la información, han buscado los pocos vacíos que tenía la ley (hasta antes de la reforma, claro), para no brindar información.

Las siete reformas a la ley, que incluye la sustitución completa de los artículos 75 y 76, le quita el carácter mandatario al instituto y lo convierte en ente que solo podrá recomendar. Para recordar un ejemplo, en el caso de la Asamblea cuando no quiso entregar los detalles de los regalos navideños, con la ley sin reforma (y si así lo decidiera el ente rector) pudiera obligar a los legisladores a entregar los datos. Con esta reforma, solo puede recomendarle que lo haga.

Las modificaciones aprobadas el viernes a las 3 de la madrugada solo ponen en evidencia la poca tolerancia al ejercicio de una contraloría social que aún tenemos en este país, esa que permitiría que la gente tenga a la mano información que le permita construir su propio criterio.

No puedo pensar en la elucubración de esta reforma sin recordar los últimos casos en los que funcionarios públicos han negado información de forma deliberada, como el que ya mencioné.

Para mí, se trata de un momento de intolerancia, de miedo absoluto a que se les cuenten las costillas, y uno sospecha de su integridad, porque si fueran íntegros, por qué le temerían a la exposición de la información.

El miedo debe ser demasiado grande como para exponerse de esta manera a la avalancha de críticas que la reforma en madrugón ha ocasionado, en un año previo a las elecciones.

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