Militarización: solución o involución

¡Los gobernantes han conducido erradamente al país! Prueba de ello es que El Salvador pasó de la violencia política a la violencia delincuencial en apenas un cuarto de siglo.
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Dos hechos evidencian la complicada realidad nacional: (1) la criminalidad tiene de rodillas a los salvadoreños; y (2) numerosos conciudadanos piensan que para vivir en calma se requiere de firmeza, disciplina y mando militar. En otras palabras, un alto porcentaje de connacionales están desesperados y dispuestos a aceptar la “bota del siglo XXI”.

En este marco y dado que los tomadores de decisión continúan sin definir las causas determinantes de la violencia delincuencial, el enfoque militar sigue ganando terreno en el campo de la seguridad pública. Tan es así que los órganos Ejecutivo y Legislativo están analizando medidas excepcionales que apuntarían en esa dirección. Es decir, los gobernantes no encuentran cómo derrotar la criminalidad sin degradar el Estado de derecho.

Por otra parte, llama la atención que la opción sea enviar más soldados a las calles cuando la Fuerza Armada ya tiene varios años de estar apoyando así a la PNC. Esta disposición no ha probado ser efectiva y lo delicado es que se les estén asignando a los soldados tareas para las cuales no han sido capacitados. El riesgo de esa orden a gran escala es que se generen más violaciones (ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias). O sea que “el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

Los gobernantes están entre la espada y la pared. Por una parte, la población demanda resultados inmediatos y por otra, el enfoque militar no contribuye a la cohesión social. Esta objeción también se visualiza en la adopción de medidas extraordinarias para proyectar una imagen de fuerza (ocupar militarmente varios territorios) sin precisar cómo, cuándo y quiénes regenerarían el tejido social en los municipios intervenidos, ni de dónde provendrían los recursos para el fortalecimiento de la capacidad técnica-operativa de la PNC y FGR. Estos puntos son cruciales para una solución efectiva y duradera.

El Salvador es catalogado como el país más violento del mundo. Es inconcebible, entonces, que el “cuerpo médico” (gobernantes) aún no disponga de un diagnóstico certero. Hay al menos tres diferentes análisis: (1) el problema es definido como una “guerra social” y la solución consistiría en aniquilar o negociar con bandas criminales; (2) el problema es definido de manera ambigua y la respuesta es igualmente indeterminada, lo que equivaldría a “quitarle la calentura al paciente aunque la enfermedad siga avanzando en su cuerpo”; (3) el problema es causado primordialmente por la economía criminal (conjunto de negocios basados en actividades ilícitas y violentas que corrompen al sistema político, judicial y financiero). Desde esta perspectiva, el crimen organizado aprovecha la exclusión social para fines económicos v. g. los 354 mil jóvenes de 15 a 24 años de edad que no estudian ni trabajan, son abundante “materia prima” para el crimen.

La hipótesis es que El Salvador está a punto de revertir su naciente proceso democrático. Debido a que el enfoque militar no aborda las causas determinantes de la violencia delincuencial, fortalece el centralismo y vulnera derechos fundamentales. En resumen, la acción militar es parte de una solución integral pero la militarización arrinconaría a la ciudadanía y deterioraría la institucionalidad democrática.

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