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¿Modernización de la CCR?

En noviembre de 1987, finalizó el primer curso de auditoría gubernamental, bajo un estricto plan de capacitación para profesionales de la Corte de Cuentas de la República (CCR), un componente básico del Proyecto de Modernización auspiciado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos de América (USAID), porque tenía el propósito de volver a esta institución más eficiente, eficaz y oportuna, mediante el ejercicio de la auditoría gubernamental.

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El primer grupo formado y acreditado como Auditores Gubernamentales, al finalizar el curso, nos organizamos para apoyar y promover el proyecto de modernización y fundamos la Asociación de Auditores Gubernamentales de El Salvador (AUGES), que nos permitió divulgar a los cuatro vientos los beneficios y ventajas que daría el ejercicio de la auditoría.

Para ese efecto, era preciso una nueva Ley de la CCR, renovar los criterios y principios del control y superar el concepto de fiscalización por el de auditoría, porque en la Ley de 1940 prevalecía el criterio legalista y se ejercía a control remoto; pues todas las instituciones públicas estaban obligadas a remitir su documentación a la oficina central para el examen de cuentas.

En agosto de 1995, se aprobó la nueva Ley de la CCR y se instauró la Auditoría, pero técnicamente la modernización proyectada tenía un mayor alcance y requería de una reforma constitucional, porque la estructura orgánica funcional, todavía vigente, mantiene principios y prácticas contradictorias que genera conflictos de intereses.

Un principio fundamental para un organismo de control es su independencia: presupuestaria, funcional y la independencia política o partidaria; en este último aspecto hay un signo de esperanza, porque la Sala de lo Constitucional dictaminó que los funcionarios que se elijan para dirigir la CCR sean independientes de cualquier partido político y se espera que finalmente ese fallo sea acatado.

Fortalecer la independencia de la CCR, en su sentido más amplio, es fundamental, al grado de poder convertirla en Contraloría o Auditoría General, como en otras latitudes, pero aquí se ha perfeccionado un error, con la administración colegiada, criterio que no es eminentemente técnico, más bien responde a otros intereses y constituye una contradicción más al interior de la institución.

A treinta años de aquel proyecto de modernización, cabe preguntarse: ¿Se modernizó la CCR? En parte sí, porque se instauró la auditoría gubernamental; pero no fue lo suficiente, porque no se erradicaron estructuras de orden constitucional, y por eso, la acción de controlar los fondos y bienes públicos no responde a las exigencias actuales.

La mayoría de los auditores gubernamentales acreditados en ese primer curso ocuparon cargos de dirección, que cumplieron con mística y capacidad, pero tampoco fue suficiente, para hacer prevalecer el criterio técnico, objetivo e imparcial; algunos auditores de esa época, conocedores de esa circunstancia, propugnamos por un mejor control y aspiramos a dirigir este Organismo, para hacer prevalecer los principios y normas de la auditoría e impulsar la consecución de la modernización del control gubernamental.

Porque en realidad la CCR debería estar a la cabeza de todas las instituciones que están haciendo esfuerzos por la transparencia, rendición de cuentas y el combate de la corrupción; porque la gestión pública lo necesita y la ciudadanía lo demanda.

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