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Modernización y seguridad jurídica en el Estado

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La Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) tiene la finalidad de ser una "ley con carácter general" para "ordenar", "sistematizar" o "regularizar" el derecho administrativo que fue construido sobre una confusa y difusa legislación. En efecto, el legislador emitió, de acuerdo con las necesidades de la administración pública o municipal, incluyendo la normativa de la modernización del Estado, una gran cantidad de normas y procedimientos administrativos, sin tener una ley general y uniforme, lo que produjo un efecto negativo por el alto grado de incertidumbre jurídica, creando situaciones de vulnerabilidad de las personas frente a la administración pública. Adicionalmente, en la práctica, los servidores públicos han tenido discrecionalidad para establecer requisitos y trámites no exigidos por la ley.

La LPA establece reglas de carácter general sobre los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones administrativas, los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública; el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus funcionarios; el ejercicio de la potestad normativa; y los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionador. Estas disposiciones tienen un efecto que debe brindar seguridad jurídica a los particulares frente a la administración. Se regulan actos de procedimientos, términos y plazos, el silencio administrativo, formas de terminación del procedimiento, los recursos o medios de impugnación.

Por otra parte, la LPA tiene un enfoque modernizador, no solo del derecho, sino de la visión de un Estado democrático, eficiente, respetuoso de los derechos de los particulares. Así tiene normas vinculantes directamente y exigibles en las oficinas públicas que manifiestan que los ciudadanos tienen derecho a la buena Administración o "buen gobierno", la cual consiste en que los asuntos públicos sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad y resueltos en un plazo razonable. La LPA completa las reglas de la LAIP que garantiza un acceso a la información pública y se obliga a la administración pública a actuar con transparencia y rendir cuentas. Las personas tienen el derecho a presentar quejas, sugerencias y reclamaciones relacionadas con los malos tratos, mal servicio o por las conductas antiéticas de los servidores públicos.

Además, la LPA establece el principio de buena regulación, que implica que la administración pública en el ejercicio de la potestad normativa actuará de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y participación ciudadana. La LPA exige que antes de adoptar la decisión de la administración pública de emitir normas, debe realizarse una Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), de acuerdo con los modelos técnicos establecidos por el organismo competente en el cumplimiento de las Políticas de Mejora Regulatoria.

La eficacia de la reforma del derecho administrativo dependerá del acceso a la protección jurisdiccional: los tribunales contencioso administrativo deben funcionar de forma efectiva. En estos momentos están desbordados y no dictan medidas de protección al administrado de forma inmediata. Ha habido una preferencia de proteger a los funcionarios públicos sancionados por el IAIP y el TEG, en detrimento de los particulares. La Corte Suprema de Justicia debe tomar acción sobre la mora judicial y la efectividad del servicio de la justicia en esta nueva jurisdicción. Acompáñenos mañana, martes 11, a discutir sobre estos y otros temas en nuestro foro conjunto CEJ, AmCham y The NEXT Services, a las 6:00 p. m., Hotel Barceló.

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