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Movimientos bajo presión

En un tribunal, lo que cuenta son las pruebas y si el proceso se ha realizado apegado a las leyes.
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Por más que alguien alegue ignorancia o inocencia, si las pruebas presentadas son legítimas y lo incriminan, lo justo es que el juzgado resuelva conforme a la legislación e imponga la pena. Por el otro lado, aunque los acusadores estén convencidos de la culpabilidad de alguien pero no son capaces de demostrarlo, pues tampoco se puede culpar al juez por no resolver conforme a lo esperado.

Es en este juego que entran múltiples variables, algunas de ellas de fuera del sistema judicial que intentan incidir en los fallos. Así, vemos aparecer a “expertos”, “analistas” o simplemente “trolles” en las redes sociales tomando postura y atacando cuando el viento no es favorable para su patrón.

Es inédito que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya realizado tantos movimientos de una sola vez y que involucren a jueces que han estado a cargo de casos sonados y que su desempeño ha sido deficiente, por decir lo menos. Aunque los magistrados quieran bajarle volumen a las cosas y hablen de “movimientos rutinarios”, uno no deja de ver en estos cambios el interés de mejorar la aplicación de justicia en El Salvador.

No es para menos. Cada año, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala, indefectiblemente, al Órgano Judicial salvadoreño de no hacer bien las cosas y de ser proclive a ser influenciado.

Los ejemplos son múltiples. Recientemente una jueza del occidente del país dejó libres a dos guatemaltecos que fueron detenidos con marihuana en su vehículo, ya bien adentro de territorio salvadoreño. Aunque no tenían arraigo en el país, la jueza consideró que no tenían razones para abandonar el país... a pesar que no viven aquí ni tenían negocios formales que los ataran.

Pero no es un fenómeno que aplica solo para occidente. Lo mismo pasa en el oriente, sobre todo en las fronteras, donde mucha mercadería entra de contrabando (legítima o no) y donde nunca hemos escuchado fuertes sentencias contra estos delincuentes.

Varios jueces especializados de oriente están en un proceso judicial señalados de favorecer a acusados de varios delitos. No hay una sentencia firme, por lo que no se puede hablar de forma contundente. Las pruebas, otra vez, definirán si realmente violaron la ley. Eso si el sistema funciona como se espera deba suceder.

A la Fiscalía General de la República últimamente se le acusa de tomar partido. Lo bueno es que son señalamientos de ambos lados del espectro político, de modo que si las investigaciones no distinguen si los acusados son de izquierda o de derecha es algo que hay que aplaudir. Pero también es motivo de demandar rigurosidad y firme apego a las leyes.

Hay que apoyar todos los esfuerzos por sanear el Estado salvadoreño y el fortalecimiento de las instituciones. Eso nos hará progresar y cimentar nuestra democracia. Lo que no podemos permitir, como ciudadanos, es que se presenten investigaciones y no se respalden debidamente. Uno de los casos que llevó recientemente la Fiscalía tenía que ver con su anterior titular, Luis Martínez. A él lo señalan de favorecer a un acusado. Y la mejor forma en que la Fiscalía puede hacerlo es no presentando buenos casos, mandando a los fiscales con pobremente armados ante un tribunal que no les queda más que capitular, para bien o para mal. Utilizar una institución como la Fiscalía, como se acusa a Martínez, para satisfacer deseos particulares, propios o encomendados, es algo que no se debe repetir. Ni siquiera para condenar a alguien de quien se está totalmente seguro que es culpable. Siempre hay que hacerlo de acuerdo con la ley.

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