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Mujer y Justicia Constitucional

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La próxima elección de la Sala de lo Constitucional debería incorporar en su seno la participación de las mujeres. Es una exigencia constitucional de igualdad, de racionalidad legal y de justicia. También es una exigencia social, moral y política. Es una demanda del llamado tiempo de los derechos. En los enfoques constitucionales de Justicia, Género y Derecho no se concibe el Derecho, ni sus instituciones, sin contar con la participación de las mujeres en la vida social, política, jurídica y en todas sus esferas.

Tradicionalmente la participación de las mujeres en la conformación de las instituciones de justicia ha sido negada. Es en los últimos tiempos en los que esa realidad ha comenzado a ser cosa del pasado. En la Corte Suprema de Justicia la participación de las mujeres ha aumentado considerablemente pero no en lo que toca a la Sala de lo Constitucional en la que ha sido algo verdaderamente excepcional. Es tiempo de emprender un proceso permanente de participación de las mujeres al interior de la Sala de lo Constitucional. Nuestros legisladores tienen el deber de garantizar esa participación como muestra de respeto a la Constitución.

Las razones son más que obvias. No es necesario profundizar al respecto en este espacio. Conviene considerar algunos breves aspectos. El diseño y la arquitectura de los procesos de creación del Derecho en todos sus centros de producción debería estar guiado por criterio de género. Los procesos de aplicación del derecho, tanto el que realizan los tribunales de justicia como las instancias administrativas, deberían estar orientados por el mismo criterio. En esto deberíamos avanzar como sociedad hasta que se llegue a considerar como algo que forma parte de nuestro desempeño institucional permanente.

En el Derecho Constitucional se alude a algunas manifestaciones del principio de igualdad relacionadas con la participación de las mujeres. Nos referimos a las llamadas “acciones positivas moderadas” y también a las llamadas “medidas de discriminación inversa”. Las primeras se refieren a medidas que benefician a colectivos discriminados, removiendo los obstáculos que les impiden llegar a ciertos procesos de selección, pero sin constituir cuotas obligatorias de participación. Las segundas son medidas que establecen cuotas de participación para grupos afectados en los procesos de selección (cargos públicos, listas electorales, etcétera).

No pretendemos considerar cada uno de los mecanismos mediante los cuales se manifiesta el principio de igualdad, pero sí es necesario resaltar la necesidad de la participación de las mujeres en la designación de magistrados/as constitucionales. Y ello es muy importante respecto de la Sala de lo Constitucional ya que sus integrantes son directamente designados por la Asamblea Legislativa para esa Sala, lo cual no sucede con las restantes salas de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, debemos señalar que la Constitución al referirse al proceso de selección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, exige representación de las más relevantes corrientes de pensamiento jurídico y también reconoce el principio/derecho de igualdad en los procesos para optar a cargos públicos. Lo anterior implica que en una adecuada conformación de la lista que elabora el Consejo Nacional de la Judicatura y en la decisión de la Asamblea Legislativa, no solo deberían estar representadas las más relevantes corrientes de pensamiento jurídico, sino que debería estar considerado el criterio de género y garantizar así la necesaria participación de la Mujer en la justicia constitucional.

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