Municipios en el ojo del huracán

El municipio es la unidad primaria estatal que recibe diariamente múltiples demandas de la población.
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Muchas de esas solicitudes se relacionan con la violencia social (extorsiones, asaltos, asesinatos y agresiones). No obstante, el marco institucional solo le asigna al municipio tareas de prevención. Esta arquitectura estatal exige, entonces, una coordinación entre el municipio y el gobierno central para articular acciones de prevención, represión y rehabilitación.

Hay un inconveniente. El Salvador no tiene políticas públicas de descentralización y desarrollo territorial, y sin ellas es difícil lograr la coordinación interinstitucional y los recursos requeridos para que la iniciativa “Municipios libres de violencia” sea exitosa. En este sentido y dada la penetración del crimen organizado en diferentes esferas estatales, es conveniente aclarar las funciones de los actores que participan en dicha iniciativa (quién es responsable de qué) y fortalecer el sistema de justicia.

Lo primero es explicar el rol de las organizaciones gubernamentales como “facilitadoras” de los llamados “mediadores”, quienes son apoyados por organismos internacionales. Un riesgo de manejar la referida iniciativa como un proyecto de cooperación externa es que –al no haber una contraparte gubernamental– se le traslade la mayor responsabilidad al municipio. Lo delicado de este punto es que la problemática trascienda al municipio. Para evitarlo, se deben precisar las responsabilidades y reforzar las capacidades y finanzas municipales. Caso contrario, llevarían a los municipios al “ojo del huracán”.

“Municipios libres de violencia” es una respuesta atípica a un fenómeno con dimensión territorial y transnacional. El avance es que han disminuido los homicidios, como producto de la “tregua” entre pandillas (una demostración de poder). Razón por la que es esencial tomar medidas para fortalecer el Estado de Derecho y mejorar la iniciativa para que continúe al cambiar el gobierno central (2014) y gobiernos locales (2015).

William J. Bratton, considerado uno de los mejores policías del mundo, plantea que –en seguridad pública– primero se debe atajar la corrupción que ha capturado al sistema de justicia. El problema es que algunos países no cuentan con una Policía capaz de garantizar la seguridad de la población y ello hace que se tenga que recurrir a las fuerzas armadas. Además, considera que el único interés de las bandas criminales es económico. Consecuentemente, se sugiere usar todas las fuerzas del Estado para derrotar a la economía criminal.

En resumen, la referida iniciativa debería estar dentro de un plan nacional de seguridad humana y enfatizar las acciones siguientes: (1) Detener la corrupción que ha capturado al sistema de justicia y fortalecer a PNC y FGR; (2) Hacer cumplir las leyes y luchar contra la criminalidad como medio de supervivencia cotidiana; (3) Aumentar la inversión pública (10% anual) en los 25 municipios más densamente poblados, durante diez años; (4) Recuperar los espacios públicos a través de circuitos culturales y económicos territoriales; (5) Promover la empleabilidad y el emprendedurismo de jóvenes a escala local, en un esfuerzo conjunto de los sectores público-privado-academia.

Mientras se generan condiciones para que más jóvenes tengan acceso al mercado y no sean absorbidos por la economía criminal, una estrategia complementaria sería que pandilleros recibieran capacitación laboral y ejecutaran –bajo el mando del Ejército– un programa de reforestación en cuencas de los ríos Lempa, Jiboa y Grande de San Miguel.

Tags:

  • articular acciones
  • politicas publicas
  • funciones

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