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Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía

El título de nuestra columna es una frase muy cierta y además actual, atribuida a Séneca, ilustre filósofo romano.
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Un mal endémico en el Órgano Judicial y en la Administración Pública es la excesiva demora en resolver los casos bajo su conocimiento, con el agravante que pareciera que las autoridades lo han asumido como una situación normal. La sobrecarga de trabajo parece que, en lugar de impulsar cambios que fortalezcan la eficiencia en las oficinas públicas, se ha vuelto una excusa versátil para intentar justificar la violación de los derechos de los ciudadanos. Hay jueces que en sus resoluciones lo dicen expresamente como si con eso se liberaran de su responsabilidad.

La pronta y cumplida justicia prevista en el art. 182 ord. 5º de la Constitución no puede seguirse viendo como algo etéreo. Es un principio de carácter vinculante para las autoridades judiciales y administrativas.

No es aceptable que pasen seis, nueve meses o hasta años, sin que se resuelva respecto a la admisión de una demanda. No es normal que la solicitud de un permiso o autorización administrativa quede sin respuesta. De poco sirve el silencio administrativo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si la impugnación de una negativa presunta se enfrenta con una demora aún mayor en sede judicial.

Las autoridades judiciales y administrativas –de todo nivel– deben hacer una seria reflexión sobre la manera en que administran los casos bajo su conocimiento. Detrás de los papeles sobre sus escritorios y los de sus colaboradores hay personas cuyos derechos están en juego.

Los sujetos acceden a la jurisdicción y a la Administración Pública con la expectativa de que el Estado de Derecho funcione, y que sus intereses podrán ser protegidos en su seno. Pero obtener una resolución tardía, incluso aunque sea favorable, puede llegar a ser inútil.

A nadie le interesa tener una resolución con un simple carácter declarativo, que lejos de provocar una protección material de sus derechos, solo supone una victoria de carácter moral. Una persona sujeta de derechos no presenta una demanda para crear jurisprudencia; lo hace para buscar una protección efectiva de sus legítimos intereses.

Resulta incoherente el rigor que utilizan las autoridades para exigir a los ciudadanos que cumplan con los plazos que la ley les impone, pero cuando esas mismas autoridades deben cumplir con los plazos que la ley a ellas les establece, usan un criterio distinto. Los plazos que son una carga para los jueces y autoridades administrativas pueden ser violados sin consecuencia alguna, pero los que son una carga para los ciudadanos no pueden excusarse casi por ningún motivo.

Este problema merece un análisis de los ciudadanos y autoridades. Es probable que la falta de consecuencias reales ante la demora en resolver haya provocado que lleguemos a esta situación. La figura del silencio administrativo debe evaluarse, pues, la negativa presunta que el silencio provoca como regla general ha sido insuficiente para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

De igual manera debe revisarse la creación de consecuencias y mecanismos efectivos para aplicarlas ante jueces y magistrados que guardan en sus gavetas los litigios que los ciudadanos han sometido a su conocimiento.

Los sujetos que voluntariamente ejercen la función administrativa y jurisdiccional han asumido, con ella, las responsabilidades de resolver los casos bajo su conocimiento conforme a derecho, y de hacerlo de manera expedita. Violar una u otra de esas responsabilidades mancha la investidura que la ciudadanía, a través de la Constitución y las leyes, les ha conferido.

Habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia, dice el art. 17 de nuestra Constitución. Ya va siendo hora que le comencemos a dar contenido y aplicación a ese derecho constitucional; tomaremos la iniciativa.

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