Naufragio

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Entiendo que los detalles de "la Tregua" le paren los pelos y remuevan las entrañas. Cada uno de los detalles que figuran en el relato de Carlos Burgos Nuila, alias Nalo, mueve a la opinión pública del estupor ante la variedad de delitos que presuntamente se habrían cometido en el marco de "la Tregua" con la anuencia del Ejecutivo, a la indignación por el albedrío del que los funcionarios hicieron gala.

Sin embargo, hay cuatro acotaciones no por poco populares menos imprescindibles: primera, que la información fundamental que sustenta la acusación fiscal parte del testimonio de un pandillero, criminal confeso, que está sometido a toda la presión posible de las autoridades; segunda, que los autores intelectuales de este despropósito, de este paréntesis de ilegalidad en la política de seguridad del Estado, no están siendo juzgados; tercera, si el ministerio público pondera así de alto la confesión de su testigo estrella, ¿por qué no ha procedido contra los políticos del Fmln y Arena que habrían financiado a las pandillas a cambio de conductas electorales?; y cuarta, que la atención pública se está centrando en la anécdota penitenciaria, y no en ese naufragio que ha sido la política de seguridad de los dos gobiernos del Fmln.

Las acotaciones no son populares porque la tendencia en la opinión pública, la inercia de la cosa es someter a guillotina a los operarios de "la Tregua", desde Raúl Mijango hasta Nelson Rauda, incluyendo a todos aquellos que se hayan permitido decir en público, durante el último sexenio, que el manodurismo no era la solución al problema pandilleril, y que no había que descartar otros caminos. Ese listado, pese a ser tan heterogéneo como para juntar a varios jerarcas católicos, al colega Paolo Luers y a algunos voceros de la izquierda no alineada con el oficialismo, nunca incluyó oficialmente ni a Mauricio Funes ni a Munguía Payés ni a Óscar Ortiz, pese a que fueron padres de esa criatura.

El Salvador no tuvo ocasión de discutir sobre esos "otros caminos" para el problema de las maras, su sostenido reclutamiento y el flagelo que suponen para cientos de miles de ciudadanos. Y buena parte de la culpa la tuvieron las administraciones areneras que confiaron en el músculo policial, hiperactivado con los esteroides de un discurso maníqueo; con el tejido social dejado a su suerte, sin inversiones sociales decisivas en las comunidades urbanas marginales, la represión sólo sirvió para fortalecer más una visión del mundo y de la vida que es caldo nutricio de la pandilla.

Acto seguido, fue decepcionante que nuestros dos primeros gobiernos de izquierda no hayan tenido un plan para trabajar este tema, ni siquiera una filosofía, una lectura unívoca. Esa es la única explicación a lo torpe de sus actuaciones en estos siete años, mismas que pasaron de lo reactivo a lo clandestino, y de lo clandestino nuevamente a lo reactivo, rayando otra vez el manodurismo. Por clandestino, me refiero a que durante poco menos de tres años, el Ejecutivo y su círculo cercano creyeron posible resolver la encrucijada de las maras a hurtadillas del país, en un ejercicio innecesariamente conspirativo.

Esa es la más pesada de las culpas que el Fmln soporta en esta materia: que cualquier enfoque no represivo ni militar sobre la reconstrucción de la comunidad marginal y excluida -ese, no otro, es el camino para combatir a la pandilla- se vea socavado y satanizado por la discutida ejecución de "la Tregua".

Con independencia de lo que el juez haga con el testimonio de alias Nalo, es imperativo que el Gobierno reconozca el fracaso del enfoque represivo, y que acepte su responsabilidad en este juego de sombras.

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